El caso del pastor evangélico Juan Osman, referente de la iglesia Auditorio Altar en Berisso, dejó de ser un conflicto vecinal para convertirse en un episodio que pone en cuestión el funcionamiento de las instituciones y la igualdad ante la ley. Lo que comenzó como reiteradas quejas por ruidos molestos derivó en una escalada de violencia que incluyó amenazas de muerte, agresiones físicas y denuncias penales formales.

Según consta en actuaciones policiales y judiciales, dadas a conocer por el medio correografico el 1 de noviembre de 2025 se produjo el episodio más grave. Vecinos que reclamaban por el volumen excesivo de la música denunciaron haber sido atacados por el pastor y su hija, Paula Osman. Entre las víctimas se encuentran una abogada residente del barrio, una sargento de la Policía Bonaerense quienes relataron agresiones físicas y amenazas explícitas.

Las denuncias no fueron aisladas. Desde febrero de 2025, el municipio había labrado diversas actas de infracción por ruidos que violaban la normativa local, documentación que derivó en un fallo del Juzgado de Faltas N.º 1, actualmente apelado. Sin embargo, los vecinos sostienen que, pese a la acumulación de pruebas, las sanciones nunca se tradujeron en una solución concreta, alimentando una sensación de impunidad.

En el barrio, además, se denunciaron prácticas intimidatorias posteriores a los reclamos, con personas que recorrían la zona identificando a quienes habían denunciado al pastor. Este clima de temor reforzó la percepción de que Osman actuaba con respaldo político. Los vecinos apuntan a presuntos vínculos entre el líder religioso y funcionarios municipales, lo que explicaría —según sostienen— la falta de controles efectivos durante meses.

La gravedad institucional del caso quedó en evidencia cuando una funcionaria municipal y una agente policial resultaron agredidas en ejercicio de sus funciones. A raíz de estos hechos, la fiscalía interviniente dictó medidas cautelares con restricciones de acercamiento para proteger a las víctimas, mientras avanzan las investigaciones penales por amenazas y lesiones.

Por su parte, el pastor Juan Osman negó las acusaciones y aseguró ser víctima de una persecución política, versión que difundió en redes sociales. No obstante, los testimonios coincidentes de múltiples denunciantes y la documentación oficial incorporada a las causas judiciales contradicen su relato y refuerzan la preocupación vecinal.

El conflicto continúa abierto y plantea un interrogante central para la comunidad de Berisso: hasta dónde llega la libertad de culto y dónde comienza la obligación del Estado de garantizar la convivencia, la seguridad y el cumplimiento de la ley sin privilegios. Mientras tanto, los vecinos aseguran que siguen viviendo con miedo y reclaman una respuesta clara de las autoridades.