Algo no cerró desde el primer pase millonario. Después vinieron promesas incumplidas, jugadores en el aire y cifras que llamaron la atención de los fiscales. Hoy, la justicia intenta responder una pregunta clave: ¿qué hay detrás de los movimientos de Foster Gillet en el fútbol argentino?

La Justicia investiga a Foster Gillet y Guillermo Tofoni por lavado de activos tras una serie de operaciones en el mercado de pases que involucraron a varios futbolistas y montos cercanos a los 30 millones de dólares. La denuncia fue presentada en marzo por el fiscal federal Guillermo Marijuan, luego de detectar maniobras irregulares y pagos que nunca se concretaron.

El primer caso que encendió las alarmas fue el de Cristian Medina. Foster Gillet pagó la cláusula de rescisión del jugador a Boca, algo que está prohibido por reglamento en el fútbol argentino. Ante esa irregularidad, el club devolvió el dinero y fue el propio futbolista quien terminó haciendo el depósito antes de pasar a Estudiantes.

Hoy, Medina es titular en el “Pincha”, pero su futuro parece lejos de La Plata. Si se va, Estudiantes no recibiría dinero por su salida, un dato que generó aún más dudas.

Luego de ese movimiento, comenzaron a circular otros nombres vinculados al empresario estadounidense: Rafael Santos Borré, Valentín Barco, Luciano Acosta, Sebastián Driussi, Benjamín Rollheiser y hasta campeones del mundo. Sin embargo, casi ninguna de esas operaciones se concretó. El único refuerzo que llegó fue Ezequiel Piovi, cuyo pase debió pagar Estudiantes debido a los problemas financieros que Gillet enfrenta en el exterior.

Las fallas en los pagos se repitieron. En el verano, Valentín Gómez estuvo cerca de irse de Vélez al Udinese tras una venta al grupo inversor por 8,5 millones de dólares. El dinero nunca apareció, el defensor no pudo ser inscripto en Italia y la operación se cayó. Gómez tuvo que volver al “Fortín”.

Otro caso es el de Rodrigo Villagra. Foster Gillet se había comprometido a pagar 11 millones de dólares por el mediocampista de River, pero otra vez el pago no llegó. El club de Núñez terminó presentando una denuncia penal.

En esa presentación judicial también quedó involucrado Guillermo Tofoni, apoderado del empresario en Argentina. River sostuvo que la maniobra de ambos empresarios provocó “graves perjuicios al patrimonio del club”.

Ahora, la justicia deberá determinar si estos movimientos fallidos forman parte de simples incumplimientos comerciales o si configuran un posible esquema de lavado de activos dentro del fútbol argentino. Mientras tanto, los clubes esperan respuestas y los jugadores siguen atrapados en operaciones que nunca se terminan de cerrar.