La presentación fue realizada en aquel momento por Aldo Sergio Parodi, quien asegura que ya entonces advertía sobre la necesidad de intervenir el organismo rector del fútbol argentino para evitar “lo que hoy finalmente está saliendo a la luz”.
Parodi dio detalles del documento a Infoqom. La nota, dirigida a Parodi, confirma que su pedido fue girado a la IGJ a los efectos de lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 22.315”.
Para Parodi, este documento —al que define como “una primicia” y que estuvo archivado dos décadas en el Ministerio de Justicia— demuestra que las irregularidades que hoy estallan en la AFA y en distintos clubes ya eran conocidas por el Estado.
En su nueva denuncia, Parodi apunta directamente contra el actual inspector general de Justicia, Daniel Roque Vitolo, a quien acusa de “encubrir a la mafia enquistada en la AFA”. El dato más grave lo aportó el propio Vitolo en declaraciones públicas: admitió que Barracas Central, el club presidido históricamente por Claudio “Chiqui Mafia” Tapia, lleva más de diez años sin presentar balances contables.
Parodi sostiene que esta omisión nunca fue denunciada penalmente por la IGJ, a pesar de tratarse de una obligación legal. “La falta absoluta de transparencia contable en Barracas Central y en la AFA explica el escándalo mundial sobre la corrupción en el fútbol argentino”, afirmó.

La denuncia —presentada ante la Cámara Federal— se formula bajo el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097).
Esta semana, además, el escándalo tomó una dimensión política explosiva cuando se confirmó que el estudio jurídico de la familia del ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, es el que representa legalmente al financista Ariel Vallejos, señalado en los medios como operador financiero de la AFA y de Tapia, y denunciado por evasión por el propio Gobierno.
“Si pensamos bien y creemos que el ministro no tiene nada que ver con el estudio jurídico de su familia, resulta poco ético que Vallejos sea defendido por sus hermanos cuando él forma parte de la parte denunciante”, señaló Parodi.
Si bien el ministro se desprendió formalmente del estudio al asumir, para distintos referentes del sector jurídico y político esto plantea un severo dilema ético.

La polémica se amplificó luego de que el periodista Marcelo Longobardi afirmara públicamente que “el gobierno persigue a Vallejos mientras el estudio familiar del ministro de Justicia lo defiende”. El comentario generó un fuerte revuelo político en un contexto donde crecen las acusaciones de corrupción alrededor de la AFA.

Parodi amplió su presentación contra Vitolo y agregó como responsable político al propio ministro de Justicia:
“Daniel Roque Vitolo y su jefe Mariano Cúneo Libarona deben explicar por qué la IGJ omitió denunciar penalmente en tiempo y forma a Claudio Tapia y a los miembros de esta asociación ilícita que hoy gobierna el multimillonario negocio del fútbol profesional”.
La solicitud formal concluye con el pedido al tribunal para que se investigue si existió encubrimiento estatal sostenido durante una década mientras la AFA y varios clubes —entre ellos Barracas Central— incumplían sistemáticamente las normas contables.

El documento de 1998 que Parodi exhibe hoy, asegura, demuestra que el Ministerio de Justicia conocía las irregularidades desde hace más de 25 años. “Todo lo que pasó no podría haber ocurrido sin que la política lo hubiera permitido”, afirmó.
La causa recién comienza y promete tensiones fuertes entre el mundo judicial, el Gobierno y el entramado político del fútbol argentino.