La política bonaerense fue sacudida por un escándalo judicial que involucra a la cúpula administrativa del Poder Legislativo y a una dirigente gremial. Dos empleados del Senado de la provincia de Buenos Aires fueron detenidos en las últimas horas en el marco de una compleja causa por delitos sexuales que se arrastra desde la década pasada.

Los detenidos son Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz. Ambos figuran como parte de la planta permanente del Senado. La detención de Silva Muñoz añade un elemento político-sindical explosivo: es, además, dirigente de la Secretaría de Género de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional provincia de Buenos Aires, un cargo que, según la fiscalía, podría haber sido utilizado como herramienta de poder.

El patrón de captación y la oficina 007

El expediente, a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de La Plata, describe un modus operandi preocupante. La primera denuncia data de 2014, y se sumaron casos en 2019 y 2025, totalizando cinco víctimas que, en su mayoría, optaron por mantener la reserva de identidad.

La hipótesis fiscal indica que las denunciantes habrían sido captadas a través de "tareas de militancia", con promesas de oportunidades laborales y contención política, logrando en algunos casos la obtención de empleos en el Senado bonaerense. Sin embargo, estos puestos venían con la obligación de entregar parte del salario para "sostener tareas militantes".

El elemento más sensible del caso es que parte de los abusos habrían tenido como escenario la propia oficina 007 del Senado provincial, una dependencia bajo la órbita de la Presidencia del cuerpo. De comprobarse esta hipótesis, la causa implicaría el uso de instalaciones oficiales del Estado para la consumación de delitos.

Una presunta estructura sectaria y lenguaje codificado

La investigación avanza sobre un aspecto aún más oscuro: la existencia de una presunta organización denominada “La Orden de la Luz”, a la que las jóvenes eran invitadas o presionadas a sumarse. La UFI N° 2 investiga la dinámica del grupo bajo la sospecha de tratarse de una estructura sectaria.

Las comunicaciones internas se realizaban a través de una casilla de correo Gmail, utilizando un lenguaje encriptado o codificado, con referencias que, según fuentes del caso, "dan la sensación de comunicaciones similares a las utilizadas en circuitos narcos". Esta forma de intercambio sugiere una estructura planificada, no improvisada.

El rol de Rodríguez también es clave, ya que fue docente en el colegio secundario del club Estudiantes de La Plata, ámbito en el que habría captado al menos a una de las víctimas.

La defensa y las presiones a las víctimas

La defensa de Rodríguez y Silva Muñoz fue asumida por el abogado Gastón Nicocia, quien ya solicitó la eximición de prisión.

Mientras tanto, los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, representantes de varias denunciantes, advirtieron sobre una situación alarmante: hay presuntas víctimas que hoy siguen dependiendo laboralmente de Rodríguez, lo que genera temor y condicionamientos para seguir adelante con el proceso.

El peso de la fiscal Betina Lacki

No es menor que la causa haya recaído en la fiscal Betina Lacki, una funcionaria judicial con una trayectoria probada en investigaciones de alto impacto político en La Plata. Lacki fue la responsable de llevar a juicio y condenar a la “Banda de los jueces” y de impulsar la causa “Chocolate”, donde se investigó la recaudación ilegal dentro de la Legislatura.

Su presencia al frente del expediente asegura la experiencia necesaria para avanzar en un terreno sensible que cruza política, sindicalismo, abuso sexual y una presunta red criminal, tensionando el clima interno del Senado bonaerense.