En un escenario marcado por la reducción de subsidios nacionales y el reordenamiento del esquema de financiamiento del transporte, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la creación de un régimen de compensaciones económicas destinado a sostener el transporte público automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, apunta a garantizar la continuidad del servicio, preservar niveles mínimos de regularidad y accesibilidad, y amortiguar el impacto del ajuste sobre un sistema que atraviesa una fuerte tensión financiera.

Según establece la resolución, el nuevo régimen tiene como objetivo central “contribuir al sostenimiento económico-financiero del sistema de transporte”, una definición que deja al descubierto el efecto que produjo la caída de las transferencias nacionales sobre la estructura de costos de las empresas prestatarias.

Un esquema excepcional y condicionado

En su artículo primero, la norma dispone la creación formal del régimen de compensaciones, aclarando que se trata de una herramienta excepcional, limitada al transporte público automotor de pasajeros que opera en el AMBA bajo jurisdicción provincial.

El texto también faculta al Ministerio de Transporte bonaerense como autoridad de aplicación, otorgándole la potestad de definir:

• Los prestadores alcanzados,

• Las condiciones de acceso a las compensaciones,

• Los mecanismos de control, seguimiento y evaluación periódica.

Uno de los puntos más relevantes del articulado es que las compensaciones estarán estrictamente vinculadas al cumplimiento efectivo de los servicios, lo que busca evitar desvíos de fondos o pagos sin contraprestación real.

Alcance territorial y límites del régimen

El esquema alcanza, en esta primera etapa, a más de 40 municipios del AMBA, entre ellos La Plata, La Matanza, Quilmes, Lanús, Avellaneda, Moreno, Merlo, San Martín, Tigre, Vicente López, Lomas de Zamora, entre otros, aunque la resolución no descarta una eventual ampliación futura.

Asimismo, el Gobierno provincial dejó en claro que el otorgamiento de estas compensaciones no genera derechos adquiridos ni compromisos permanentes, ya que el régimen estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria y a revisiones constantes por parte del Ejecutivo.

Una señal política en medio del ajuste

Más allá del aspecto técnico, la creación de este régimen funciona como una señal política clara: ante el repliegue del Estado nacional en el financiamiento del transporte, la Provincia decide intervenir para evitar una crisis mayor en uno de los servicios esenciales del AMBA.

El desafío, hacia adelante, será sostener el esquema sin desbordar las cuentas provinciales, mientras se contiene el impacto del ajuste sobre millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público.