El UPCN bonaerense, con Fabiola Mosquera en la Secretaría General y Héctor Nieves en Finanzas, se encuentra en el epicentro de un grave escándalo que expone una presunta red de abuso y manipulación con características de secta. La causa judicial, a cargo de la fiscal Betina Lacki, ha ordenado la detención de dos miembros de la planta permanente del Senado bonaerense: Daniela Silva Muñoz y Nicolás Daniel Rodríguez.

Lo que otorga una particular gravedad institucional al caso es el rol de Silva Muñoz, quien hasta hace poco ocupaba un cargo de relevancia en la Secretaría de Género de UPCN, área formalmente dedicada a la prevención de la violencia y al acompañamiento de víctimas. Además, la imputada fue candidata a preconcejala en 2021, utilizando la estructura política y territorial del sindicato.

La trama de "La Orden de la Luz"

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, Silva Muñoz no sería una mera cómplice, sino una "facilitadora y mediadora" fundamental dentro de la estructura denominada “La Orden de la Luz”. Dicha organización, que operó desde al menos el año 2014 y hasta 2025, es investigada por utilizar mecanismos de captación, manipulación y sometimiento extremo.

El señalado como líder mesiánico de la secta es Nicolás Daniel Rodríguez, quien, de acuerdo con la causa, se habría desempeñado como docente en el colegio de Estudiantes de La Plata, ámbito donde se habría producido al menos una de las captaciones.

Abusos y control: el rol del poder

Los hechos denunciados por las cinco víctimas identificadas son de extrema gravedad: van desde accesos carnales sin consentimiento y amenazas con armas blancas, hasta la intimidación constante y el control total sobre la vida personal, sexual y emocional de quienes caían bajo la órbita del grupo.

La fiscalía sostiene que los abusos no fueron aislados y que existió una progresión de las conductas a medida que se profundizaba el sometimiento. Parte de los episodios se habrían desarrollado en inmuebles vinculados a los imputados y en espacios relacionados con su actividad política y laboral (Senado bonaerense), lo que subraya el contexto de poder desde el cual se ejercían las agresiones.

La investigación logró desentrañar un pacto de silencio sostenido por el miedo y la presión, y reconstruyó denuncias frustradas y pedidos de ayuda que durante años no prosperaron.

Preguntas sin respuesta para el gremio

Con el aval del Juzgado de Garantías N°4, ambos imputados se negaron a declarar. La fiscal Lacki cuenta con 15 días para definir su situación procesal.

El impacto de esta causa trasciende el ámbito penal y pone en tela de juicio los mecanismos internos de control de una organización con peso político como UPCN. La detención de una funcionaria de su Secretaría de Género, acusada de facilitar abusos durante una década, genera fuertes críticas sobre la cúpula gremial encabezada por Mosquera y Nieves, y plantea un interrogante crucial: ¿cómo pudo esta trama operar impunemente durante tanto tiempo dentro y con vínculos con el corazón de la estructura sindical y política?