La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ha tomado la iniciativa en el arranque del año con un contundente pedido a la Provincia de Buenos Aires para la reapertura "urgente" de las paritarias salariales. Esta acción, impulsada por la secretaria general del gremio, Fabiola Mosquera, se da en un contexto de altísima tensión política y gremial, marcada no solo por la voracidad inflacionaria, sino también por el escándalo que envuelve a la propia cúpula sindical.

El reclamo, formalizado a través de la UPCNBA mediante una nota elevada al Ministerio de Trabajo bonaerense y firmada por el secretario gremial, Juan Pablo Martín Oyarzábal, exige convocar de manera inmediata a la mesa de negociación para los trabajadores bajo la Ley 10.430.

La sombra del escándalo sobre el reclamo

El movimiento de UPCN busca recuperar la iniciativa en la agenda pública, justo cuando la organización está bajo severa crítica por la detención de Daniela Silva Muñoz, funcionaria clave de su Secretaría de Género, acusada de ser facilitadora en una red de sometimiento con características de secta ("La Orden de la Luz").

La urgencia demostrada por Mosquera en el reclamo salarial contrasta con el silencio y la falta de explicaciones sobre el accionar de su funcionaria, quien utilizaba la estructura sindical y política del gremio. Para analistas políticos, el rápido pedido de paritarias es una táctica de la conducción de UPCN para desviar el foco mediático de la crisis institucional que la afecta.

Los números de la negociación: la pauta salarial de 2025

Más allá del contexto político, el reclamo de los estatales tiene un sólido anclaje económico. El gremio dejó explícito que la pauta salarial de 2025 no está cerrada, exigiendo una recomposición que permita "alcanzar la inflación de 2025, con retroactivo".

El documento presentado por UPCN responsabiliza indirectamente a las dificultades surgidas por el paquete de leyes fiscales, el cual habría derivado en la postergación de una discusión paritaria "tan necesaria".

Fuentes gremiales admiten que, si bien la prioridad es frenar la pérdida del poder adquisitivo, la negociación será compleja debido al escenario de dificultades financieras que atraviesa la administración provincial. Sin embargo, con el cierre de 2025 sin el pago de un bono y con aumentos postergados, los sindicatos inician el año con la expectativa de que el gobierno atienda la presión para evitar un conflicto mayor.

El panorama, según advierten los referentes gremiales, sigue siendo "muy complejo" y las conversaciones podrían comenzar en los próximos días, con la prioridad puesta en la recuperación del salario real de la Ley 10.430.