El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos de mayor efervescencia política, con las miradas puestas en la definición de la Junta Electoral bonaerense. Ante la falta de consenso y la elevada desconfianza interna, el organismo resolvió dar un paso drástico: solicitar formalmente la intervención de la Justicia para validar el padrón de afiliados que definirá el futuro de la conducción.

La compleja tarea recayó en el Juzgado Federal con competencia electoral, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. Su figura se convierte, inevitablemente, en el árbitro de una interna que, por su peso territorial, suele marcar la agenda política nacional. La decisión de judicializar el padrón es un indicador inequívoco de las profundas diferencias que atraviesan al peronismo provincial, enfrentando a sectores alineados con la conducción nacional contra aquellos que buscan mayor autonomía.

El Padrón: la Clave de la Disputa

El padrón, cuyo corte está fijado para el 15 de enero, es el corazón de la disputa. Su depuración y validación por parte del juez Ramos Padilla determinará quiénes estarán habilitados para participar en la elección interna del 15 de marzo.

La Junta Electoral, con sede en la histórica calle Matheu, busca garantizar que solo los afiliados con la antigüedad suficiente tengan derecho a sufragar, intentando disipar cualquier sospecha de afiliaciones masivas de último momento. Sin embargo, esta misma medida es fuente de recelos y tensiones, ya que cada nombre en el padrón puede inclinar la balanza en un escenario donde la competencia entre listas aún no está descartada.

Escenarios Posibles y Legitimidad en Riesgo

La intervención judicial abre tres escenarios posibles antes de marzo:

1. Competencia confirmada: Si el padrón se valida rápidamente y se confirma la disputa, la interna será la pulseada decisiva para medir fuerzas entre las facciones.

2. Lista de unidad: Un padrón transparente servirá de garantía institucional si finalmente prospera el consenso y se impone una lista única.

3. Judicialización extendida: La posibilidad de impugnaciones y dilaciones podría prolongar el proceso más allá de marzo, lo que inevitablemente pondría en riesgo la legitimidad de las nuevas autoridades partidarias.

Lo que está en juego es más que un simple trámite administrativo: se trata de la conducción del distrito más grande del país. La resolución de Ramos Padilla no solo ordenará el proceso interno, sino que definirá el rumbo estratégico del PJ bonaerense de cara a los próximos meses.