El escenario político en el Senado de la Nación ha entrado en una fase de definiciones críticas. El Gobierno nacional ha fijado una meta ambiciosa: sesionar antes del 13 de febrero para darle media sanción a la reforma laboral y trasladar la discusión a la Cámara de Diputados. El objetivo de fondo es que el presidente Javier Milei llegue al 1 de marzo, fecha de apertura de las sesiones ordinarias, con un triunfo legislativo consolidado bajo el brazo.

La estrategia se coordina desde la Casa Rosada, pero el campo de batalla está en los despachos del Senado. Allí, la jefa del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich, lidera las conversaciones con los bloques denominados "dialoguistas". Sin embargo, el apoyo de estos sectores no es un cheque en blanco; la lupa está puesta sobre el Ministerio de Economía y la figura de Luis Caputo.

El impacto fiscal: el principal nudo de la negociación

A diferencia de otros debates, la resistencia actual de los bloques aliados no se centra exclusivamente en la normativa laboral, sino en el bolsillo de las provincias. Los gobernadores han instruido a sus senadores para que exijan precisiones sobre el impacto de la reforma en la coparticipación federal.

Los legisladores advierten que las modificaciones en el esquema de Ganancias y la implementación de nuevos beneficios impositivos podrían desfinanciar a los distritos. En este sentido, reclaman que Luis Caputo aclare cómo se reglamentarán los artículos vinculados a la recaudación una vez que la ley sea sancionada.

Otro punto de fricción es la amplitud de facultades que el proyecto otorga al Ministerio de Economía. Los bloques dialoguistas han solicitado limitar la discrecionalidad de la cartera que conduce Luis Caputo, especialmente en lo que respecta al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

Los senadores temen que una reglamentación demasiado abierta permita al Ejecutivo tomar decisiones tributarias centrales sin pasar nuevamente por el Congreso. Por su parte, el kirchnerismo mantiene un perfil bajo y silencioso, aguardando el desenlace de estas negociaciones internas del oficialismo.

El próximo martes será el día "D". En esa reunión, el oficialismo y sus aliados volverán a sentarse para determinar si existen las mayorías necesarias para convocar al recinto entre el 11 y el 12 de febrero. De lograrlo, el Gobierno daría un paso fundamental en su agenda de reformas estructurales antes del cierre del verano legislativo.