La mañana de este miércoles 4 de febrero se vio sacudida por una escena inusual y cargada de peligro en pleno centro porteño. Un cabo de la Policía Federal Argentina decidió llevar su reclamo al lugar de mayor visibilidad del país: la puerta misma de la Casa Rosada. Armado y uniformado, el agente rompió el silencio para denunciar graves irregularidades dentro de la institución.

El reloj marcaba las 10:40 cuando el cabo Miguel Ángel Montiel se ubicó frente a la reja perimetral del palacio de Gobierno. Montiel, quien cumple funciones en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, no llegó para custodiar la zona, sino para exigir justicia. Con una pancarta en mano, el efectivo inició una manifestación en solitario que obligó a la Casa Militar a activar de inmediato todos los protocolos de seguridad.

La imagen de un policía armado protestando a pocos metros del despacho presidencial generó un clima de máxima alerta entre los transeúntes y el personal de seguridad de la zona.

 

 

 

 

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Denuncia por "policías fantasmas"

El trasfondo del reclamo de Miguel Ángel Montiel es una supuesta trama de corrupción vinculada a los servicios de policía adicional. Según las palabras del propio efectivo, existe una maniobra sistemática en la que se roban los pagos de estos servicios de seguridad paga.

La denuncia es concreta: el cabo asegura que se declaran operativos con una cantidad de personal que nunca está presente. "Dicen que hay 30 efectivos y en realidad hay 5", detallan fuentes cercanas al caso. El excedente de dinero de esos "empleados fantasmas" tendría como destino una caja ilegal manejada por altos mandos de la Policía Federal Argentina.

Seguridad en alerta

Si bien la protesta se mantuvo de forma pacífica en cuanto a los movimientos del agente, el hecho de que portara su arma reglamentaria mientras denunciaba a sus propios jefes puso en jaque la tranquilidad de la zona.

Este escándalo abre ahora un nuevo foco de conflicto para la Policía Federal Argentina, que deberá investigar las graves acusaciones de Montiel mientras se define la situación administrativa y judicial del efectivo tras su arriesgada acción en la vía pública.