La Justicia Federal dictó un fallo de alto impacto político y ambiental, al rechazar la homologación del acuerdo firmado en 2009 entre la Municipalidad de Magdalena y la empresa Shell Argentina.

Aquel pacto, impulsado por el entonces intendente Fernando "Marciano" Carballo, pretendía cerrar la causa por el derrame de petróleo de 1999 a cambio de una cifra significativamente menor a la estipulada originalmente: el acuerdo bajaba la indemnización de USD 90 millones a apenas USD 9,5 millones.

La resolución, firmada por el juez Juan Rafael Stinco el pasado martes 30 de diciembre 2025 y notificada tras la feria judicial, deja sin efecto el convenio que beneficiaba a la petrolera en tiempos en que su CEO era Juan José Aranguren, quien años más tarde se desempeñaría como ministro de Energía durante la gestión de Mauricio Macri.

El fallo representa un hito en la jurisprudencia ambiental argentina al priorizar la recomposición del daño por sobre las soluciones pecuniarias arbitrarias.

Lo que aseguran varias fuentes vinculadas al caso, es que el ex intendente de Magdalena, Fernando "Marciano" Carballo, habría cobrado una coima varias veces millonaria en dólares, para inventar una consulta popular a 10 años del derrame de petróleo más grande de la historia en nuestro país, que le permitiera, junto con una ordenanza del Concejo Deliberante local dominado por él, firmar un convenio judicial resignando como municipio la posibilidad de exigir más de 90 millones de dólares a Shell, a cambio de aceptar un acuerdo por el pago del 10% de lo reclamado oportunamente por su antecesor en el cargo, Juan "Vazco" Sibetti: Carballo arreglló en 2009 por solo USD 9,5M.

Las mismas fuentes afirman que para blanquear la cometa, una de las formas elegidas por el "Marciano" Carballo habría sido compar un billete ganador del Quini 6 por más de 32 millones de pesos de ese momento (a valor de entonces, unos 8 millones de dólares), y le habría pedido a su entonces secretario, Mario Saravia, que figurara como el dueño del premio.

 

Entonces, con parte de ese dinero, el "Marciano" Carballo habría construido un edificio de alta gama en la zona más cara de la ciudad de La Plata, en 44 y 16, muy cerca de Plaza Paso, con 20 departamentos, siempre a nombre de su secretario. Luego, al irse vendiendo las propiedades, el dinero habría ido pasando a bolsillos de Carballo.

También hay que decir que según las mimas fuentes, el mencionado ser del del planeta rojo habría comprado un campo de creca de 500 hectáreas en las cercanías de Magdalena, con el mismo formato descripto antes.

 

Cabe destacar que Fernando "Marciano" Carballo gobernó Magdalena entre 2003 y 2015. Fueron 12 años en los que fue acusado políticamente de diferentes hechos de corrupción, abuso de poder y todo tipo de arbitrariedades. 

 

Sin embargo, lo peor que hizo Fernando "Marciano" Carballo fue acosar sexualmente a una chica muy joven, hija de un consejero escolar de su mismo espacio político, en el msimísimo despacho del intendente municipal.

Por cosas como esta, y porque todo Magdalena asegura que los hechos de corrupción millanios que se denuncian en esta nota son verdaderos, el ex intendente entre 2003 y 2015 no puede pisar su ciudad por miedo a escraches. Fernando "Marciano" Carballo nació el 14 de diciembre de 1966 en Magdalena, una ciudad que hoy lo detesta profundamente.

 

Fernando "Marciano" Carballo vivió varios años (por lo menos entre 2015 y 2019) en uno de los departamentos de 44 y 16 antes mencionados, cuando fue senador provincial. Actualmente y desde hace unos años, cuando fue funcionario de Ferrocarriles Argentinos, viviría en un lujosísimo departamento en el barrio porteño de Puerto Madero. 

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Desastre ambiental sin precedentes en la costa bonaerense

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El origen del conflicto se remonta al viernes 15 de enero de 1999, cuando el buque Sea Paraná, de bandera alemana, impactó contra el petrolero Estrella Pampeana de la empresa Shell (con bandera liberiana). El choque provocó el vertido de más de 5 millones de litros de hidrocarburos en las aguas y costas de Magdalena, generando un desastre ecológico que marcó un antes y un después en la provincia de Buenos Aires.

Ante la magnitud del desastre, la comuna demandó a la petrolera en el juzgado federal número 1 de La Plata, exigiendo la reparación del ecosistema y el manejo de residuos peligrosos. En noviembre de 2002, el juez Julio César Miralles determinó que Shell debía ejecutar tareas de recomposición por un valor de USD 35 millones. Sin embargo, la empresa apeló sistemáticamente hasta que, en 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó el traslado del expediente a la Capital Federal.

En este complejo proceso, los habitantes de Magdalena buscaron visibilizar el reclamo por vías inusuales, llegando a solicitar la intervención de la reina Máxima Zorreguieta para que mediara ante la petrolera de origen anglo-holandés, sin éxito en la resolución del conflicto de fondo.

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Un pacto político bajo la lupa de la Constitución

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El acuerdo ahora rechazado se gestó diez años después del derrame. En 2009, el intendente Fernando Carballo impulsó un plebiscito no vinculante en el que el "SÍ" se impuso con el 77% de los votos. Con el respaldo del radicalismo local y ordenanzas del Concejo Deliberante, el municipio aceptó retirar las demandas a cambio de los USD 9,5 millones.

No obstante, ahora el juez Stinco fue categórico al señalar que la voluntad de las partes no puede colocarse por encima del artículo 41 de la Constitución Nacional y de la Ley General del Ambiente. El magistrado sostuvo que el monto acordado "resulta arbitrario y carece de sustento técnico", ya que se estableció una suma global desvinculada de cualquier evaluación objetiva sobre la extensión real del daño.

"El acuerdo se limita a establecer una suma de dinero de carácter global, desvinculada de toda evaluación objetiva, técnica o económica que permita verificar su razonabilidad y suficiencia en relación con la entidad, extensión y complejidad del daño ambiental comprometido", reza el fallo.

Además, el tribunal consideró que el convenio estaba "objetivamente desactualizado", invalidando incluso las cláusulas accesorias donde Shell ofrecía asesoramiento en proyectos turísticos y de residuos.

Con esta decisión, la petrolera queda nuevamente frente a la obligación de responder por los USD 90 millones originales, en un escenario donde la justicia reafirma que el medio ambiente no es una mercancía sujeta a transacciones políticas.