El suicidio de Rodrigo Gómez, el joven militar de 21 años que prestaba servicio en la Quinta de Olivos, ha tomado un giro dramático tras confirmarse que fue víctima de una sofisticada red de extorsiones. Según fuentes oficiales, la banda operaba desde las cárceles bonaerenses de La Plata (Olmos) y Magdalena.

La investigación, liderada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, determinó que el soldado fue captado a través de la aplicación de citas Evermatch.

"Sextorsión" desde las cárceles de la región

La organización criminal, descripta por las autoridades como una "PYME del delito", utilizaba perfiles falsos de mujeres para iniciar contactos con sus víctimas. Una vez establecido el vínculo, los delincuentes —presos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)— alegaban que las supuestas jóvenes eran menores de edad.

Bajo la amenaza de una denuncia penal, los estafadores exigían constantes transferencias de dinero. Para dar veracidad a la extorsión, los internos suplantaban la identidad de dos oficiales de la Policía de la Ciudad, enviando mensajes intimidatorios que terminaron por quebrar la estabilidad emocional de Gómez.

Aunque el hallazgo del cuerpo ocurrió el pasado 16 de diciembre, la causa se mantuvo bajo estricta reserva durante 50 días. El elemento que cambió el rumbo de la causa fue una carta manuscrita que Rodrigo Gómez dejó antes de quitarse la vida.

En el texto, el militar detalló el calvario que vivía: mencionó deudas asfixiantes, el acoso constante y la supuesta participación de policías corruptos. Tras el análisis forense de su celular, se comprobó que los perfiles con los que interactuaba eran creados desde los pabellones de las cárceles locales.

El pasado 8 de febrero, se llevaron a cabo siete allanamientos que permitieron desbaratar la red. Entre los implicados se encuentran tres detenidos que ya cumplían condenas en el Penal de Olmos y en Magdalena.

El Gobierno Nacional subrayó la gravedad del uso de celulares dentro del sistema carcelario de la Provincia de Buenos Aires, señalando que esta flexibilidad tecnológica permitió el hostigamiento que derivó en la tragedia del joven soldado.