La Plata atraviesa una crisis de ordenamiento territorial sin precedentes. Lo que durante 20 años se vendió como "el sueño del lote propio" ha mutado en una pesadilla de irregularidades administrativas, estafas inmobiliarias y una connivencia política que trasciende colores partidarios.

Con la mirada puesta en el "Grupo Futuro Propiedades" y una red de exintendentes, la justicia platense desentierra un esquema de estafas que dejó a miles de familias sin escrituras y un territorio devastado por la especulación. 

Desde el inicio de la gestión de Julio Alak en diciembre de 2023, la lupa se posó sobre un esquema que permitió la proliferación de urbanizaciones en zonas rurales no aptas, protegidas por ordenanzas de excepción que hoy son objeto de una megacausa judicial.

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La herencia de la ilegalidad: de Bruera a Garro y el retorno de Alak

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El desmadre no es nuevo, pero su escala actual es alarmante. La metodología de "loteos por excepción" fue el sello distintivo de las últimas dos décadas.

Bajo las gestiones de Pablo Bruera y, con especial énfasis, las dos administraciones de Julio Garro, el Código de Ordenamiento Urbano fue sistemáticamente ignorado o "parcheado" para beneficiar desarrollos privados sin el aval de la Provincia de Buenos Aires.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta lidera hoy una investigación que puso a Garro contra las cuerdas, imputándolo por asociación ilícita y administración fraudulenta. Según la fiscalía, se habrían autorizado barrios que carecían de convalidación provincial, generando un perjuicio al erario público estimado en 700.000 millones de pesos.

Sin embargo, el dedo acusador también roza a la actual gestión de Julio Alak con acusaciones a delegados municipales y otros funcionarios actuales por coimas y extorsiones.

Si bien el actual intendente impulsó las denuncias, críticos y analistas advierten sobre la lentitud en la regularización y la responsabilidad histórica de funcionarios que ya formaban parte de su estructura en mandatos anteriores.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado recientemente busca frenar esta inercia, pero los focos de conflicto siguen activos.

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Grupo Futuro Propiedades: el fantasma de las estafas en la Ruta 36

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Uno de los actores más oscuros detectados en los últimos meses es el denominado “Grupo Futuro Propiedades”.

Esta organización, liderada, según la Justicia de La Plata, por un hombre cuya identidad sería Jesús Reinaldo, y que opera sin personería jurídica según fuentes municipales, ha comercializado masivamente terrenos en el cordón frutihortícola, aprovechando la vulnerabilidad de compradores que buscan precios accesibles.

 

 

 

 

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Desde enero de 2024 hasta febrero de 2026, la Municipalidad de La Plata ha detectado y clausurado al menos 9 loteos ilegales vinculados a este grupo, entre los que destacan los barrios Bella Vista, El Edén, Aromas, El Ángel, Aras de Olmos, Las Palmeras, El Paraíso, Santa Teresita y Nuevo Horizonte.

Cabe destacar que habrían utilizado un comedor infantil barrial de la zona de Colonia Urquiza como improvidad e irregular "inmobiliaria" para entregar y firmar papeles ilegales de ventas de terrenos.

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Las irregularidades del Grupo Futuro incluyen:

• Venta de lotes en zonas de producción rural intensiva donde la subdivisión habitacional está prohibida.

• Publicidad engañosa a través de redes sociales sin contar con expedientes municipales.

• Desobediencia reiterada ante las clausuras impuestas por la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, a cargo de Eugenia Rodrígues Daneri.

La justicia investiga quiénes son los verdaderos inversores detrás de esta marca, ya que el grupo utiliza nombres de fantasía para eludir responsabilidades penales. Entre los nombres de funcionarios de gestiones pasadas que han sido señalados por facilitar estos mecanismos aparecen figuras vinculadas a la exsecretaria de Planeamiento, María Botta, y otros mandos medios que habrían dado el visto bueno "administrativo" a desarrollos que hoy no pueden escriturar.

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Un futuro hipotecado por la excepción

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La proliferación de estos barrios no solo representa una estafa económica para el comprador; es un ataque directo a la infraestructura de la ciudad. Al desarrollarse fuera de planificación, estos predios carecen de servicios básicos, colapsan los accesos y destruyen el suelo productivo.

Mientras el fiscal Condomí Alcorta avanza con allanamientos y recopilación de pruebas, miles de platenses siguen atrapados en un limbo legal, víctimas de un sistema donde la especulación inmobiliaria y la decidia política fueron, durante 20 años, las dos caras de la misma moneda.