A pocos días de su puesta en marcha, la Oficina de Respuesta Oficial creada bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia enfrenta un escenario de desaprobación mayoritaria. Según un exhaustivo estudio de la consultora QSocial Big Data, que combinó encuestas presenciales con el análisis de más de 36.000 interacciones en redes sociales, la medida no ha logrado generar el consenso esperado y profundiza la división en la conversación pública.

El informe, realizado entre el 6 y el 9 de febrero de 2026 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), arroja datos contundentes: el 47% de los consultados se posicionó en contra de la creación de esta oficina, mientras que solo un 33% se mostró a favor. El 20% restante manifestó no tener una postura definida.

¿Herramienta contra la desinformación o control estatal?

Uno de los puntos más críticos del relevamiento de QSocial es la percepción sobre la verdadera función de la oficina. Entre quienes expresaron una postura clara, casi el 80% asocia la iniciativa con riesgos de censura, propaganda o control gubernamental. Por el contrario, apenas un 20,2% la percibe como una herramienta defensiva necesaria contra las denominadas fake news.

“Incluso en medios afines al gobierno, el apoyo explícito a la Oficina es minoritario, lo que revela incomodidad y falta de apropiación social”, explicó María Fernanda Ruíz, directora del área de análisis de Redes Sociales de la consultora. Para la especialista, el conflicto de fondo no es la existencia de noticias falsas, sino "quién tiene legitimidad democrática para definir qué es verdad".

Lo que tenés que saber

• Encuesta: 1.570 casos efectivos en el AMBA.

• Redes Sociales: Se analizaron 36.000 interacciones; la cuenta oficial de la Oficina cosecha un 57,6% de comentarios negativos.

• Percepción: 8 de cada 10 críticos ven riesgo de censura o control.

• Legitimidad: El estudio concluye que la oficina funciona como un amplificador de la polarización en lugar de ordenar el debate.

Un debate sin propuestas claras

El estudio también revela un vacío respecto a cómo debería el Estado combatir la desinformación. El 74,9% de los encuestados no logra formular una política pública alternativa concreta, lo que sugiere que, si bien hay un rechazo a la propuesta oficial, tampoco existe un consenso social sobre cómo regular los contenidos en la era digital.

Desde QSocial destacaron que la Oficina de Respuesta Oficial, lejos de clarificar la información, "tensiona la conversación pública" y se convierte en un foco de conflicto que no logra penetrar en la sociedad civil como una institución de confianza.