El gobierno talibán formalizó un nuevo Código Penal que introduce disposiciones de extrema gravedad para mujeres, niños y minorías religiosas. El documento fue firmado por el líder supremo, el mulá Hibbatullah Akhundzada, y promulgado oficialmente el 4 de enero de 2026.

El texto tiene 119 artículos, organizados en tres capítulos y diez secciones, y ya fue distribuido a los tribunales provinciales para su aplicación inmediata. Regula tanto los tipos de castigos como quiénes están habilitados a ejecutarlos, un punto clave que marca un retroceso inédito en garantías judiciales.

Violencia doméstica legalizada y castigos delegados

Uno de los ejes más críticos del nuevo cuerpo normativo es la diferenciación entre castigos “hadd” y “ta’zir”.

• Los hadd, penas fijas de la sharia, pueden ser ejecutados por el imán.

• Los ta’zir, sanciones discrecionales, pueden ser ejecutados por el “esposo” y el “amo”.

Esta delegación legaliza relaciones de dominación y habilita violencia física directa en el ámbito privado.

El artículo 32 establece que solo si el esposo golpea a la mujer con un palo y le causa lesiones graves demostrables, será condenado a 15 días de prisión. Golpes sin “lesiones graves” quedan, en los hechos, impunes.

El artículo 48 autoriza a un padre a castigar físicamente a su hijo de hasta 10 años si considera que el niño actúa contra su “propio interés”, como abandonar la oración.

Pena de muerte, herejía y censura religiosa

En materia de orden público y religión, el Código introduce sanciones extremas. El artículo 14 habilita, con aval del imán, el asesinato de personas consideradas delincuentes o “corruptores”, incluidos quienes defiendan creencias contrarias al Islam o inviten a otros a hacerlo.

La cláusula dos del artículo 17 tipifica como delito la burla o ridiculización de normas islámicas, con una pena de dos años de prisión, sin definir criterios objetivos para determinar qué conductas encuadran en esa figura.

El artículo 26 prohíbe a los seguidores de la escuela Hanafi abandonar su creencia: si se prueba ante un juez, la pena es de dos años de prisión.

Sin derecho a defensa ni garantías judiciales

El nuevo Código no reconoce el derecho a la defensa, no garantiza el derecho a guardar silencio, no prevé indemnizaciones ni asegura condiciones mínimas de juicio justo. El texto formaliza la discriminación contra minorías religiosas, restringe la libertad de expresión y pensamiento y habilita detenciones y castigos con amplios márgenes de discrecionalidad.

Un marco que profundiza la persecución a mujeres y niñas

La normativa se inscribe en un contexto de endurecimiento sistemático del régimen talibán. Ya estaban vigentes la prohibición de que mujeres cursen estudios secundarios superiores y universitarios, y restricciones severas a su presencia en espacios públicos.

El nuevo marco procesal impide que las mujeres abandonen sus hogares o acudan a casas de familiares incluso en casos de violencia doméstica, cerrando cualquier vía de protección.