La reforma laboral en debate incorpora modificaciones a los artículos 20 y 277 de la Ley 20.744 que impactan de lleno en la práctica profesional del derecho del trabajo. El punto más controvertido es la inclusión expresa de la figura de la pluspetición inexcusable en los juicios laborales, un criterio que apunta a sancionar reclamos excesivos de créditos.

La novedad es que, de verificarse una sobreestimación objetiva de los montos reclamados, la norma habilita a los jueces a condenar solidariamente al abogado actuante al pago de las costas del proceso, junto con la parte representada.

Hasta ahora, esta figura existía en el Código Procesal Civil y Comercial, pero su aplicación dependía de la valoración judicial y estaba pensada para el litigante, con un margen amplio de interpretación.

Qué dicen los especialistas sobre el alcance de la reforma

Alejandro González Rossi, profesor del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Austral, explicó que la pluspetición inexcusable “existe desde hace décadas” y se aplica cuando una persona reclama montos claramente desproporcionados, pudiendo derivar en el pago de honorarios de la contraparte y la tasa de justicia.

El cambio central, señaló, es que la reforma traslada esa lógica de manera específica al ámbito laboral y pone el foco en la conducta profesional del abogado. “Se establece objetivamente que puede haber un exceso en el reclamo y que, en ese caso, corresponde condenar solidariamente al letrado”, indicó.

Este punto resulta sensible en un fuero donde rige el principio de gratuidad para el trabajador. En la práctica, si el empleado pierde el juicio, no se le puede ejecutar el cobro de las costas, lo que deja al empleador ganador afrontando honorarios y gastos del expediente.

Responsabilidad profesional y límites del reclamo

Desde la óptica empresarial, Walter Mañko, socio de Deloitte Legal, aclaró que la norma no apunta a sancionar a abogados que pierden un juicio por falta de prueba.

“La responsabilidad surge cuando el profesional, a sabiendas, promueve un reclamo infundado, irracional y completamente desproporcionado respecto de los usos y montos habituales del derecho laboral”, explicó.

Mañko remarcó que hoy esa herramienta ya existe en el artículo 20 vigente, pero que los jueces rara vez la aplican. “La reforma no crea una facultad nueva, sino que refuerza una figura y busca incentivar su uso”, sostuvo.

Como ejemplo, graficó: si un reclamo razonable rondaba un millón y en el expediente aparece uno por 55 millones, la sobreestimación resulta evidente y deja poco margen de interpretación judicial.

El reclamo del Colegio Público de Abogados

La reacción institucional no tardó en llegar. El Colegio Público de la Abogacía de CABA envió una carta al Congreso en la que advirtió que la ambigüedad del concepto de pluspetición inexcusable “genera un riesgo patrimonial directo para quienes ejercen la defensa técnica de los derechos laborales”.

Además, el Colegio cuestionó la posibilidad de pago en cuotas de sentencias laborales, incluso cuando se trata de créditos alimentarios y honorarios profesionales, lo que —según señalaron— coloca a trabajadores y abogados en una situación más gravosa que la de otros acreedores judiciales.