La desclasificación de archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha abierto una caja de Pandora que salpica directamente a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

No se trata de una teoría conspirativa; los documentos confirman que Jeffrey Epstein, el financista y depredador sexual que se suicidó (o mejor dicho "fue suicidado") en una celda de Manhattan, fue una pieza clave en la financiación de tecnología de vigilancia implementada en suelo argentino.

Mientras el relato oficial hablaba de soberanía y derechos, por lo bajo se gestaban acuerdos con empresas vinculadas a capitales de procedencia turbia.

En 2014, un año bisagra para la política de seguridad nacional, Epstein se convirtió en uno de los principales inversores de Reporty Homeland Security.

Esta firma, estrechamente ligada al ex primer ministro israelí Ehud Barak, no vendía simplemente "seguridad"; vendía control social y microlocalización.

El "Gran Hermano" financiado por el pederasta

El esquema era perfecto: una aplicación para celulares que prometía mejorar la respuesta ante emergencias. Sin embargo, detrás de la fachada humanitaria, la tecnología de Reporty —donde Epstein puso sus dólares— tenía la capacidad de determinar la ubicación de los usuarios las 24 horas del día, incluso con la aplicación cerrada.

Este sistema de geolocalización de alta precisión buscaba la recopilación continua de datos de movimiento. ¿El objetivo? Un activo estratégico susceptible de ser monetizado a través de agencias de publicidad y redes sociales, o peor aún, utilizado por el aparato estatal para el seguimiento de ciudadanos.

En diciembre de 2014, el propio Epstein ya hablaba de implementar un sistema de puntuación de credibilidad para los usuarios. Un concepto que remite a las distopías más oscuras y que el kirchnerismo, siempre ávido de herramientas de control, recibió con los brazos abiertos.

Mer Group y el desembarco en PBA y CABA

La conexión argentina se materializa a través de Mer Group, un integrador tecnológico con fuerte presencia en mercados emergentes. Según los reportes confidenciales desclasificados, Mer Group fue el vehículo para instalar un sistema de "Ciudad Segura" en la CABA de Mauricio Macri, valorado en 42 millones de dólares.

Este proyecto, ejecutado bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la presidencia de la hoy condenada Cristina Kirchner, incluyó la instalación de 1.200 cámaras de alta definición, centros de comando, patrulleros tecnológicos y una red de 500 kilómetros de fibra óptica.

En aquel entonces, la seguridad de la Capital Federal todavía dependía de la Policía Federal Argentina, bajo el mando directo del Gobierno Nacional.

El rol de las figuras políticas: ¿Dónde estaba Kicillof?

En 2014, el actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no era un actor secundario: era el Ministro de Economía de la Nación. Cualquier partida presupuestaria de 42 millones de dólares destinada a contratos de tecnología extranjera pasaba, necesariamente, por el tamiz de su cartera.

Mientras Kicillof manejaba las finanzas del Estado y CFK lideraba el Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad sellaba acuerdos con empresas vinculadas al financista pederasta.

Es imperativo cuestionar cómo una administración que se jactaba de su "antimperialismo" terminó abriendo las puertas a una tecnología de espionaje financiada por uno de los personajes más oscuros de la élite estadounidense.

Los archivos corporativos de Mer Group no dejan lugar a dudas: el despliegue se hizo con el aval institucional del kirchnerismo y con la firma de Kicillof.

El video que los delata: CFK como cara publicitaria

A pesar de que las licitaciones de la época suelen ser un laberinto de opacidad, las pruebas emergen de los lugares menos pensados. En julio de 2017, la propia empresa Mer Group subió un video promocional donde presumía de sus avances tecnológicos en Argentina.

En dicho material audiovisual, aparece la imagen de Cristina Fernández de Kirchner saliendo de la Casa Rosada, validando implícitamente la implementación del sistema.

Este "patrullaje virtual" y el control de accesos mediante reconocimiento automático de matrículas se vendió como modernización.

Pero hoy, con los papeles de Epstein sobre la mesa, la pregunta es otra: ¿A manos de quién fueron a parar los datos de movimiento de los argentinos?

La triangulación entre los dólares de Epstein, la tecnología de Reporty y la ejecución de Mer Group bajo el gobierno K configura un escándalo de proporciones internacionales.

El peligroso legado de la vigilancia masiva

La inversión de Epstein no era filantropía; era una apuesta por la explotación de datos. El hecho de que la Argentina haya sido un terreno de prueba para estos sistemas, financiados por un criminal sexual con conexiones de alto nivel en la inteligencia internacional, debería hacer crujir las estructuras del poder político actual.

El silencio de Axel Kicillof y del resto de la cúpula kirchnerista ante estas revelaciones es ensordecedor. No pueden alegar desconocimiento cuando el proyecto "Buenos Aires Ciudad Segura" fue uno de los pilares de la gestión de seguridad federal. La sombra de Epstein es larga, y en Argentina parece haber encontrado un nido cómodo bajo el ala del Estado.