La política bonaerense suele estar acostumbrada al fango, pero lo que emerge de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de La Plata no tiene precedentes en la historia democrática de la provincia.

Nicolás Rodríguez, señalado como el líder mesiánico de una estructura coercitiva denominada “Orden de la Luz”, no solo está acusado de abusos sexuales ultrajantes; está acusado de haber utilizado la infraestructura del Estado —específicamente el Senado de la Provincia de Buenos Aires— para someter a jóvenes bajo un régimen de terror psicológico y físico.

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Crónica de un horror sistemático: de la cooptación al abuso

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La secuencia de los hechos, que la Justicia ha logrado reconstruir de manera escalofriante, se extiende desde 2015 hasta 2023. No fueron episodios aislados, sino un plan sistemático de cooptación y depredación. Rodríguez, actuando como un "gurú" político y espiritual, utilizaba la agrupación Movimiento Ciudadano La Capitana como el anzuelo perfecto.

El modus operandi era siempre el mismo: detectar jóvenes vulnerables, muchas de ellas adolescentes o recién salidas del secundario, y ofrecerles el "sueño bonaerense": pasantías, inserción laboral o formación política en el ámbito legislativo. Una vez dentro de su círculo de influencia, la promesa de una carrera política se transformaba en una pesadilla de sumisión absoluta.

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La oficina 007: el despacho del sometimiento

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Resulta revulsivo para cualquier ciudadano que pague sus impuestos saber que, según la investigación, el epicentro de estas prácticas habría sido la oficina 007 del Senado. Allí, en los pasillos donde se supone que reside la soberanía popular, Rodríguez habría ejercido su poder de vida y muerte sobre las víctimas.

Los testimonios recogidos por la fiscal Betina Lacki describen escenas dignas de una película de terror: amenazas con cuchillos, víctimas atadas de pies y manos dentro de una combi, y rituales de dolor físico denominados "entrenar el fuego". Todo esto ocurría mientras el imputado ostentaba cargos y vínculos que le permitían moverse con total impunidad por los despachos del Senado bonaerense.

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La conexión política: ¿Qué sabían Kicillof y Magario?

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Es imposible que una estructura de este calibre —que incluía el envío de más de 200 correos electrónicos con órdenes de obediencia y una dinámica de "tríada" sexual forzada— pasara inadvertida para las autoridades del Senado.

La responsabilidad política recae directamente sobre la titular del cuerpo, la vicegobernadora Verónica Magario. ¿Cómo es posible que una supuesta secta operara en una oficina legislativa durante años sin que nadie viera nada?

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof, cuyo discurso se centra permanentemente en la "perspectiva de género", se encuentra ante una encrucijada moral. La agrupación La Capitana no es un ente extraño al ecosistema oficialista.

La justicia ahora investiga las ramificaciones institucionales, un eufemismo judicial para preguntar qué tan alto llegaba la red de protección que permitió que Rodríguez y su pareja, Daniela Silva Muñoz, actuaran como dueños de los cuerpos de sus subordinadas.

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Una defensa desesperada ante pruebas irrefutables

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Tras el dictado de la prisión preventiva por parte del juez Juan Pablo Masi, Nicolás Rodríguez ha decidido cambiar de estrategia y designar nuevos abogados: Darío Saldaño, Ramiro Sánchez Gamino y Catalina Saldaño.

El discurso de la nueva defensa sostiene que la conducta es "jurídicamente atípica" y que todo se trata de una "mezcla de conflictos personales y reclamos económicos".

Sin embargo, el magistrado Masi fue contundente: la preventiva se sostiene por la gravedad de los hechos, la reiteración de las conductas y el riesgo real de que el acusado entorpezca la investigación o amedrente a las denunciantes.

La evidencia no son solo palabras; son informes médicos, peritajes psicológicos y una montaña de pruebas documentales que demuestran un patrón de coerción y manipulación psicológica prolongado.

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El "Tratamiento de Silencio" y la revictimización

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En las audiencias recientes, las víctimas han manifestado su profundo malestar por la filtración de chats, una maniobra que huele a intento de desprestigio por parte del entorno del acusado. Mientras tanto, organismos como la Dirección de Género del Senado han intervenido, pero las víctimas denuncian que las restricciones de acercamiento han sido, en muchos casos, papel mojado.

El caso de Rodríguez no es solo el juicio a un presunto abusador; es el juicio a una forma de hacer política que utiliza el Estado como refugio de perversiones. La sociedad bonaerense espera que la elevación a juicio oral no sea solo un trámite, sino el inicio del fin para la impunidad de quienes, bajo el sello de "La Capitana", montaron un régimen de esclavitud sexual bajo el techo dorado de la principal casa de la democracia bonaerense.