El sistema de prestaciones para personas con discapacidad atraviesa sus horas más críticas, en una nueva postal de crisis en el que el gobierno nacional desatiende la necesidad en lo cotidiano.

Lo que comenzó como un atraso administrativo tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su traspaso al Ministerio de Salud, se convirtió en una parálisis total que afecta la vida de miles de familias en la región y el país.

Desde hace más de cuatro meses, los transportistas que trasladan a niños y jóvenes a escuelas especiales, centros de día y terapias de rehabilitación no perciben sus haberes.

La situación se volvió "insostenible" y derivó en una medida de fuerza que, en La Plata, Berisso y Ensenada, afecta a unos 150 trabajadores.

El impacto: un retroceso a la pandemia

Para muchas familias, el transporte no es un lujo, sino el único puente hacia derechos básicos como la educación y la alimentación. Maximiliano Quiroz, delegado regional del sector, fue tajante al describir la gravedad del cuadro:

"Para los chicos, no tener transporte es la pandemia. Si no van a la escuela, no pueden ir al comedor y los padres tampoco pueden ir a trabajar porque deben quedarse a cuidarlos".

El reclamo pone el foco en el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la falta de respuestas de la nueva Secretaría de Discapacidad nacional.

Según los trabajadores, los pagos paralizados corresponden a servicios prestados desde octubre del año pasado, lo que impide cubrir los costos operativos mínimos y el pago de salarios.

Los números de la crisis

• Trabajadores afectados: Más de 4.000 choferes a nivel nacional; 150 en la región capital.

• Niños y jóvenes sin servicio: Cerca de 6.000 personas, la mayoría beneficiarios del programa Incluir Salud.

• Tiempo de deuda: 4 meses (desde octubre de 2025 hasta la fecha).

• Alcance: Suspensión total de traslados a escuelas, centros de rehabilitación y tratamientos médicos.

Un sector vulnerable bajo el ajuste

El conflicto expone una "retirada del Estado" en una política pública sensible. Mientras las autoridades nacionales dilatan los pagos y las promesas de regularización no se cumplen, las instituciones y familias denuncian que se están vulnerando derechos adquiridos.

"No puede ser que nos quiten los derechos y se suspendan las prestaciones de esta manera", lamentaron los afectados.