El reciente acuerdo salarial alcanzado entre los gremios docentes y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires volvió a poner en el centro del debate la situación económica de los colegios privados. Si bien el incremento salarial representa una mejora para miles de trabajadores de la educación, también genera nuevas tensiones en el sistema educativo, especialmente entre las instituciones privadas que dependen parcialmente del financiamiento estatal.

La propuesta oficial, aceptada por los sindicatos, contempla un aumento del 9% en tres tramos, que se suma a incrementos otorgados a fines del año pasado. Este acuerdo busca acompañar la evolución de la inflación y recomponer gradualmente los salarios docentes, uno de los temas más sensibles dentro de la agenda educativa.

Sin embargo, la medida generó preocupación en el sector de la educación privada, que advierte sobre las dificultades para afrontar los nuevos costos salariales sin una actualización en las cuotas que pagan las familias.

El reclamo fue impulsado por representantes de instituciones educativas nucleadas en la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA). Su secretario ejecutivo, Martín Zurita, sostuvo que las escuelas no cuestionan el aumento salarial, pero subrayó que la medida impacta directamente en su estructura de gastos.

Según explicó el dirigente, las instituciones están obligadas a pagar los aumentos docentes, pero para aplicar cambios en los aranceles escolares necesitan la autorización del gobierno bonaerense, ya que gran parte de los establecimientos reciben subsidios estatales.

Actualmente, cerca del 70% de los colegios privados de la provincia cuenta con algún tipo de aporte público para cubrir los salarios docentes. En muchos casos, esos subsidios cubren entre el 40% y el 80% del financiamiento, mientras que el resto de los costos —infraestructura, mantenimiento, servicios y parte de los sueldos— debe ser afrontado por cada institución.

En este contexto, el sector advierte que sin una actualización en las cuotas mensuales se vuelve cada vez más complejo sostener el funcionamiento de las escuelas. La situación, según indican, se agravó en los últimos años por una combinación de factores económicos y demográficos.

Uno de los datos que más preocupa a las entidades educativas es la caída en la matrícula escolar. De acuerdo con estimaciones del sector, en los últimos cuatro años se perdieron alrededor de 300 mil alumnos, un fenómeno asociado a la disminución de la natalidad, la crisis económica y la migración de estudiantes hacia el sistema público.

A esto se suman otras variables que presionan las finanzas de las instituciones, como el aumento de tarifas de servicios, el atraso en las cuotas escolares debido a las dificultades económicas de las familias y el crecimiento de los costos operativos.

Las consecuencias de este escenario ya comenzaron a manifestarse. En distintos puntos del conurbano bonaerense y también en La Plata, algunas instituciones educativas privadas debieron cerrar sus puertas en los últimos años. Otras continúan funcionando, aunque con niveles de endeudamiento elevados o recurriendo a créditos para poder pagar salarios y cargas sociales.

Para los representantes del sector, el desafío es encontrar un equilibrio entre la mejora salarial docente y la sostenibilidad financiera de las escuelas. La decisión final sobre una eventual actualización de cuotas dependerá ahora de las autoridades provinciales, en un contexto donde la educación sigue atravesada por los impactos de la inflación, la crisis económica y los cambios demográficos.

El debate, lejos de resolverse, abre una nueva etapa de negociación en la que confluyen docentes, instituciones educativas, el Estado y las familias, todos actores centrales en el complejo entramado del sistema educativo bonaerense.