La flexibilización de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a generar debate en el sector automotor. El Gobierno nacional rechazó formalmente el reclamo administrativo presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (Catrai), que buscaba frenar los cambios introducidos mediante el Decreto 196/25. La decisión fue oficializada a través del Decreto presidencial 139/26, publicado en el Boletín Oficial, y también alcanza a personas físicas, empresas del sector y entidades vinculadas.
El planteo de Catrai cuestionaba artículos centrales de la normativa, como la periodicidad de las revisiones, la habilitación de talleres, la eliminación de la exclusividad de operadores y la supresión del Informe de Configuración de Modelo (ICM) para vehículos modificados. La cámara argumentó que la extensión de los plazos podría incrementar riesgos en la seguridad vial y que la apertura del sistema a más talleres y concesionarias podría afectar la imparcialidad de los controles.
Sin embargo, los organismos técnicos, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV), respaldaron los cambios. Según sus informes, la evolución tecnológica del parque automotor, con mayores estándares de seguridad y durabilidad, permite extender los plazos sin comprometer la seguridad de los vehículos.
El nuevo esquema establece tres criterios clave para la realización de la VTV:
Autos 0 km: primera verificación a los 5 años.
Vehículos menores de 10 años: revisión cada 2 años.
Vehículos mayores de 10 años: verificación anual.
Además, la normativa permite que cada usuario elija talleres o concesionarias habilitadas en cualquier jurisdicción, siempre que cuenten con instalaciones aptas y equipamiento adecuado, eliminando así la obligatoriedad de concurrir a un operador exclusivo de su localidad.
Cabe destacar que la Provincia de Buenos Aires no adhirió aún a esta normativa, por lo que resta definir si avanzará con cambios propios en su sistema de VTV. Por su parte, Catrai y los talleres que adhieran a la causa todavía podrán recurrir a la vía judicial para intentar frenar los efectos de la flexibilización.
En síntesis, el Gobierno apuesta a un sistema más flexible y tecnológico, mientras que los talleres reclaman seguridad y control riguroso. La disputa refleja la tensión entre la modernización de los procesos y la responsabilidad en la seguridad vial, un equilibrio clave para el funcionamiento del parque automotor argentino.