La crisis institucional de Rampla Juniors sumó un nuevo capítulo. La Justicia de Uruguay decretó el concurso y embargo del club tras constatar una situación financiera crítica: las deudas acumuladas superan el valor de los activos de la institución.
La entidad de Montevideo estaba siendo administrada bajo el formato de Sociedad Anónima Deportiva (SAD) por el empresario estadounidense Foster Gillett y su socio Guillermo Tofoni, quienes fueron desplazados de manera inmediata por decisión judicial.
Además, se convocó a una Junta de Acreedores para el 22 de septiembre, instancia que será clave para definir el futuro económico del club y determinar cómo se afrontará el proceso concursal.
La situación se agravó en paralelo con una investigación de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), que analiza posibles irregularidades vinculadas a los empresarios.
El desembarco del grupo inversor se había formalizado en diciembre de 2024, cuando una asamblea del club aprobó adoptar el modelo de SAD y aceptar la propuesta liderada por Gillett.
La promesa era ambiciosa: una inversión de USD 2,5 millones para modernizar la institución y fortalecer el plantel.
Sin embargo, el proyecto nunca se concretó como se había anunciado.
Según diferentes informes periodísticos en Uruguay, el club apenas habría recibido USD 1 millón, dinero que ni siquiera formaba parte de la inversión prometida y que se utilizó para sostener el funcionamiento básico del equipo.
Mientras tanto, el rendimiento deportivo fue en sentido contrario: Rampla Juniors descendió a la Primera División Amateur, la tercera categoría del fútbol uruguayo, algo que ocurrió por primera vez en su historia.
La situación económica del club es considerada una de las más delicadas de los últimos años dentro del fútbol uruguayo.
Entre los problemas detectados figuran:
Deudas con complejos deportivos donde el equipo realizaba entrenamientos.
Retrasos en pagos operativos vinculados al funcionamiento del plantel.
Alquiler del estadio como medida de emergencia para generar ingresos.
Pretemporada postergada por falta de lugares para entrenar.
Ante este escenario, el plantel incluso tuvo que entrenar en su propio estadio luego de que varios complejos deportivos les cerraran las puertas por falta de pago.
El caso también tuvo repercusiones en La Plata, ya que en las últimas horas circularon versiones sobre una posible demanda de Foster Gillett contra Estudiantes.
El empresario había otorgado un préstamo de USD 10 millones al club presidido por Juan Sebastián Verón a comienzos del año pasado, en el marco de un proyecto de asociación que finalmente no se concretó.
Algunas versiones indicaban que Gillett había enviado una carta documento para exigir la devolución inmediata del dinero y aplicar penalidades vinculadas al Memorándum de Entendimiento (MOU) que no llegó a firmarse.
Sin embargo, desde el entorno del empresario negaron esa posibilidad y aseguraron que no se avanzará por ahora con acciones judiciales ni se exigirá el pago inmediato del préstamo.
La Justicia de Uruguay decretó el concurso y embargo de Rampla Juniors.
Los empresarios Foster Gillett y Guillermo Tofoni fueron desplazados de la gestión.
El club tiene deudas que superan sus activos.
La Junta de Acreedores será el 22 de septiembre.
El caso generó repercusiones por el préstamo de USD 10 millones a Estudiantes de La Plata.
Por ahora, el futuro institucional del club uruguayo dependerá del proceso concursal y de las decisiones que surjan en la próxima reunión de acreedores, mientras la investigación financiera continúa avanzando.