En lo que representa uno de los embargos más voluminosos de la historia judicial bonaerense por causas ambientales, el juez federal Alberto Recondo ordenó inmovilizar $157.000 millones de las arcas provinciales.
El objetivo es taxativo: asegurar que los fondos no se desvíen y se utilicen exclusivamente para el saneamiento del sistema hídrico regional.
La medida responde a una crisis sanitaria que arrastra más de 20 años de desidia y que afecta directamente al Río de la Plata, principal fuente de agua potable para millones de personas.
El fallo se sustenta en pruebas científicas irrefutables aportadas por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Conicet, que describen un panorama desolador en el sistema integrado por:
Arroyo El Gato: Receptor de vertidos cloacales crudos y residuos urbanos.
Río Santiago: Con niveles de degradación que comprometen la biodiversidad.
Playas de Berisso: Informes del Conicet detectaron concentraciones críticas de bacterias coliformes, producto de efluentes que se arrojan al río sin el tratamiento adecuado.
Actualmente, el sistema depende de una planta de pretratamiento ubicada en Berisso. Según la ONG Nuevo Ambiente, esta infraestructura es totalmente insuficiente:
Saturación: No tiene capacidad para procesar el volumen de líquidos de tres ciudades en constante crecimiento.
Obsolescencia: Al realizar solo un "pretratamiento", gran parte de la carga contaminante termina en el Río de la Plata.
El juez Recondo recordó que en 2022 ya se había ordenado incluir estas obras en el presupuesto provincial. Ante el incumplimiento sistemático del gobierno bonaerense, la Justicia decidió pasar a la acción directa:
Inmovilización de fondos: El dinero se mantendrá en una cuenta judicial.
Plazo Fijo: Para evitar la desvalorización, el monto se renovará automáticamente cada 30 días.
Condición de liberación: Solo se liberarán los fondos cuando la Provincia acredite con documentos fehacientes el inicio de la Etapa 1 del proyecto de saneamiento.