El sistema educativo privado de la provincia de Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) lanzó una advertencia que resonó con fuerza en el sector: las escuelas privadas enfrentan una situación de alerta económica que combina múltiples factores y amenaza la sostenibilidad de muchas instituciones.

El diagnóstico es claro. A la crisis económica nacional, que golpea tanto a las familias como a las instituciones educativas, se suma un atraso en la actualización de las cuotas y una presión tributaria creciente desde distintos niveles del Estado. Para los representantes del sector, el resultado es una ecuación cada vez más difícil de resolver.

El sistema de educación privada bonaerense representa casi el 30% de la cobertura educativa, con más de 1,3 millones de estudiantes distribuidos en miles de instituciones. Sin embargo, detrás de ese volumen estructural se esconde una realidad cada vez más frágil: escuelas que funcionan con márgenes mínimos, otras que acumulan deudas, y algunas que directamente no logran sostener su actividad.

Uno de los focos de preocupación más recientes surge del plano municipal. En el distrito de Pilar, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N°112/25, que establece un aumento del 100% en la tasa de seguridad e higiene y agrega una contribución mensual de $7.500 por cada empleado dentro de las PyMEs. El problema es que, en términos administrativos, muchas escuelas privadas están encuadradas dentro de esa categoría.

El impacto de esta medida puede ser significativo. Según explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA), una escuela privada no funciona como una PyME tradicional. Mientras muchas empresas pequeñas tienen pocos trabajadores, una institución educativa promedio puede contar con entre 60 y 120 empleados entre docentes, personal administrativo y auxiliares.

Traducido a números, el sector calcula que una institución de tamaño medio podría afrontar entre $1,5 y $2 millones mensuales en tasas municipales, lo que se traduce en más de $20 millones anuales. En un contexto de inflación persistente y caída de ingresos familiares, el impacto podría ser determinante para muchas escuelas.

A este panorama se suma la discusión salarial docente. En la última negociación paritaria, el gobierno provincial ofreció un incremento del 9% en tres tramos. Desde el sector privado aseguran que no cuestionan la mejora salarial —considerada necesaria para sostener el poder adquisitivo del personal—, pero advierten que sin autorización para actualizar las cuotas, el sistema queda atrapado en una contradicción financiera.

El problema es estructural. En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 70% de las escuelas privadas reciben aporte estatal, lo que implica que cualquier aumento en los aranceles debe contar con autorización del gobierno provincial. Sin esa actualización, las instituciones deben absorber aumentos de costos sin poder trasladarlos a sus ingresos.

La presión económica no se limita a los salarios o las tasas. En los últimos años se sumaron aumentos en los servicios públicos, una creciente morosidad en el pago de cuotas y una tendencia demográfica que impacta directamente en el sistema educativo: la caída de la natalidad.

Según datos del sector, en los últimos cuatro años el sistema educativo argentino perdió cerca de 300 mil alumnos, un número que refleja cambios demográficos pero también las dificultades económicas de muchas familias para sostener la educación privada.

El resultado de esta combinación de factores ya comenzó a sentirse. En distintos puntos del conurbano bonaerense y también en La Plata, algunas instituciones debieron cerrar sus puertas. Otras continúan funcionando, pero con situaciones financieras críticas, recurriendo incluso a créditos para pagar sueldos y cargas sociales.

Más allá del debate coyuntural, la discusión abre un interrogante mayor sobre el futuro del sistema educativo mixto en Argentina, donde escuelas públicas y privadas conviven para garantizar la cobertura educativa. Si una parte significativa de ese entramado entra en crisis, el impacto podría trasladarse inevitablemente al conjunto del sistema.

Por ahora, el sector educativo privado se mueve en una zona de incertidumbre. Y mientras la economía redefine sus reglas, muchas escuelas intentan sostener una tarea que, más allá de los números, tiene una dimensión social difícil de medir: educar en tiempos de crisis.