viernes 13 de marzo de 2026 - Edición Nº5463

Información General | 11 Mar

Transporte público

Subsidios en movimiento: el Gobierno recalcula los costos del transporte en el AMBA tras el fallo de la Corte

La Secretaría de Transporte actualizó los costos e ingresos del sistema de colectivos del AMBA para garantizar el pago del acuerdo salarial con la UTA. La decisión llega luego de que la Corte Suprema revocara una cautelar que impedía modificar el esquema de compensaciones tarifarias que sostienen el funcionamiento del servicio.


El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funciona como un delicado mecanismo de relojería donde confluyen tarifas, subsidios estatales y costos operativos. Cuando uno de esos engranajes se desajusta, el impacto no tarda en sentirse en la economía del sistema. En este contexto, el Gobierno nacional decidió avanzar con una actualización de los costos del transporte automotor de pasajeros, una medida que redefine el volumen de subsidios que reciben las empresas de colectivos.

La decisión quedó formalizada en la Resolución N.º 16/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde la Secretaría de Transporte recalculó los Costos e Ingresos Medios de los servicios urbanos y suburbanos que operan en el AMBA. El objetivo inmediato es claro: garantizar los fondos necesarios para cubrir el aumento salarial acordado con los choferes de la Unión Tranviario Automotor (UTA).

Este recálculo impacta sobre los períodos febrero, marzo y abril de 2026, y establece que el esquema correspondiente a abril se mantendrá vigente hasta que se realice una nueva revisión de la estructura de costos. En términos prácticos, significa que el Estado ajusta las compensaciones tarifarias que paga a las empresas para equilibrar la ecuación económica del sistema.

El transporte automotor en el AMBA depende en gran medida de este mecanismo. Las tarifas abonadas por los pasajeros cubren solo una parte del costo real del servicio, mientras que el resto se compensa mediante subsidios estatales destinados a sostener la operación cotidiana de las líneas.

El nuevo cálculo incorpora una actualización integral de las variables que influyen en la actividad. Entre ellas, el incremento del precio del gasoil y de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, el aumento en los costos de mantenimiento y reposición de unidades, la suba de insumos básicos, el valor del parque móvil —que incluye chasis y carrocerías— y el encarecimiento de las pólizas de seguro de responsabilidad civil.

Además, el esquema introduce una ponderación específica para unidades que funcionan con gas natural comprimido (GNC) y energía eléctrica, una decisión basada en relevamientos realizados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Este punto refleja un intento de contemplar la transición energética dentro de la estructura de costos del transporte público.

La actualización se produjo en paralelo a una decisión clave del máximo tribunal del país. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una medida cautelar vigente desde 2021 que impedía al Poder Ejecutivo modificar ciertos criterios en la distribución de subsidios al transporte automotor del AMBA.

La cautelar había sido impulsada por varias empresas del sector —entre ellas Pilarbus S.A., La Nueva Metropol, Expreso General Sarmiento y Empresa General San Martín— que argumentaban que la estructura de costos del sistema se encontraba desactualizada y que las compensaciones debían garantizar el equilibrio económico-financiero de los contratos.

Sin embargo, el máximo tribunal coincidió con el dictamen de la procuradora fiscal Laura Monti, quien sostuvo que las empresas no habían demostrado con suficiente claridad el peligro en la demora necesario para sostener la cautelar. En esa línea, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, remarcó que el Poder Judicial no debe intervenir en la definición de la política regulatoria del transporte, una competencia propia del Ejecutivo.

Con la cautelar revocada, el Gobierno recuperó margen para redefinir el esquema de subsidios y compensaciones que sostiene el sistema de colectivos más grande del país. El expediente judicial continuará su trámite en el tribunal de origen, donde se evaluará si la estructura de costos denunciada por las empresas realmente se encuentra desactualizada.

Mientras tanto, el transporte del AMBA sigue funcionando en ese equilibrio inestable donde cada aumento salarial, cada litro de gasoil y cada repuesto mecánico terminan, inevitablemente, formando parte de una ecuación mayor: la de cómo financiar el movimiento cotidiano de millones de pasajeros.

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