A veces las grandes investigaciones comienzan con un detalle mínimo. En este caso, el detonante fue un auto mal estacionado en el barrio porteño de Once. Lo que parecía una simple infracción de tránsito terminó exponiendo un sistema de tráfico de drogas que utilizaba una fachada inesperada: alimentos contaminados con cocaína.

El episodio comenzó cuando agentes de la Policía de la Ciudad observaron a varias personas descargando bultos desde una camioneta Renault Kangoo sobre la avenida Rivadavia al 2900, en las inmediaciones de Plaza Miserere.

La escena no solo implicaba una infracción de tránsito, sino también una obstrucción de la vía pública. Cuando los oficiales se acercaron para advertir a los involucrados, el conductor explicó que se trataba de mercadería destinada al Hotel Buey, proveniente del barrio de Liniers.

Sin embargo, algo llamó la atención de los agentes. Al revisar los bultos, notaron en los alimentos una sustancia oscura similar al grafito. La sospecha llevó a realizar el test de campo: la prueba consistía en utilizar papa disecada para detectar presencia de droga. El resultado fue inmediato. El reactivo se volvió azul, confirmando la presencia de cocaína.

El procedimiento se repitió con el resto del cargamento: 11 cajas de chizitos, pistachos, fideos, carne enlatada y leche en polvo. Todos los análisis arrojaron el mismo resultado. Aquella pequeña carga sumaba 62 kilogramos de alimentos impregnados con cocaína.

El hallazgo abrió una investigación judicial por infracción a la Ley de Drogas 23.737, bajo la órbita del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo del juez Sebastián Ramos. La causa fue llevada adelante por la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3).

Pero el episodio de Once era solo la punta de un entramado mayor.

Durante la investigación, los changarines que descargaban los bultos revelaron un dato clave: esa mercadería debía ser trasladada a un micro de larga distancia que partiría esa misma noche. El destino final era la ciudad rionegrina de Cipolletti.

Con esta información, el juez ordenó un allanamiento nocturno en un predio de la calle Palmar al 7200, en Liniers. Allí funcionaba un complejo compuesto por dos locales comerciales, cinco depósitos y seis viviendas. El lugar operaba como un centro logístico clandestino.

El resultado fue contundente: los investigadores encontraron 301 bultos de alimentos impregnados con cocaína, entre snacks, papas deshidratadas, carne envasada y otros productos, con un peso total de 15.200 kilogramos. Incluso apareció una caja con queso tipo casero contaminado con la droga, un detalle que ilustra el nivel de improvisación y creatividad del método.

En el operativo fueron detenidas ocho personas: cuatro hombres y tres mujeres, todos de nacionalidad boliviana, además del conductor de la camioneta. Ninguno poseía antecedentes penales.

Durante los procedimientos también se secuestraron siete teléfonos celulares, una máquina contadora de dinero, 120.000 pesos en efectivo y documentación relevante para reconstruir la estructura de la red.

Según la hipótesis de los investigadores, los alimentos llegaban desde Bolivia ya impregnados con cocaína, luego eran acopiados y empaquetados en Liniers y finalmente transportados a Once, desde donde se distribuían en micros de larga distancia hacia el sur del país.

Ahora las pericias químicas deberán determinar la cantidad exacta de droga que contenían los productos secuestrados. Mientras tanto, los ocho detenidos permanecen incomunicados y el predio utilizado como centro de acopio fue clausurado.

El caso deja una conclusión clara: en la dinámica del narcotráfico contemporáneo, la logística es tan importante como la sustancia misma. Y en este episodio, el eslabón más débil de la cadena no fue un error en el laboratorio ni una delación interna, sino algo mucho más cotidiano: un vehículo mal estacionado.