El dirigente Marcelo Greco, integrante de una agrupación interna opositora dentro del gremio de seguridad privada UPSRA, ratificó una denuncia ante la Oficina de Investigaciones Administrativas (conocida como Oficina Anticorrupción) por presuntas irregularidades en el otorgamiento de Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) a empresas del sector.

Según la presentación, durante el actual gobierno se habrían otorgado centenares de estos beneficios entre 2024 y 2026, con intervención de la Secretaría de Trabajo de la Nación, a cargo de Julio Cordero, y con aval del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello.

De acuerdo con la denuncia, los subsidios —que superarían los 2.000 millones de pesos— habrían sido concedidos a empresas de seguridad que no se encontraban realmente en crisis, lo que implicaría la posible presentación de balances adulterados para acceder al beneficio.

Greco sostuvo que esta maniobra podría representar un perjuicio para el Estado y los trabajadores, ya que a través de estos mecanismos algunas compañías habrían quedado habilitadas para trasladar aportes patronales a los propios empleados, sin que esos fondos finalmente se depositaran en ANSES, lo que generaría faltantes al momento de tramitar futuras jubilaciones.

La denuncia también menciona que más de 150 empresas del sector habrían accedido a este tipo de beneficios, a pesar de mantener situaciones financieras favorables e incluso ampliar contratos con organismos públicos, tanto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como de administraciones provinciales.

En el escrito presentado ante el organismo de control se señala además que el propio Greco habría recibido amenazas y presiones desde sectores que podrían verse afectados por el avance de la investigación.

Por otra parte, el denunciante citó el testimonio de Miguel Tobar, ex empleado de UPSRA y ex delegado normalizador del sector de control de admisión y permanencia, quien aseguró en el programa Crónicas Sindicales que fue despedido del gremio tras negarse a realizar supuestas tareas vinculadas al cobro de retornos o coimas a empresas del rubro.

La Oficina de Investigaciones Administrativas deberá ahora reunir pruebas y remitirlas a la Justicia, mientras se evalúa la apertura de sumarios internos para determinar la situación contable de las empresas involucradas.