La conflictividad en el sistema universitario argentino suma un nuevo capítulo. A pesar del “cansancio” y la “frustración” acumulados tras meses de reclamos, las organizaciones que integran el Frente Gremial Universitario de La Plata confirmaron que profundizarán las medidas de fuerza y convocaron a una marcha de antorchas para este martes 17 de marzo a las 18 horas, desde la sede de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La movilización será, según definieron sus organizadores, el “puntapié inicial” de cara a una gran marcha federal prevista para el próximo 23 de abril, en lo que se perfila como una escalada del conflicto con el gobierno nacional.

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de ATULP, el secretario general del gremio, Mauricio D’Alessandro, planteó el escenario con crudeza: “Siempre supimos que era una lucha larga”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la caracterización oficial sobre el sector universitario. Según afirmó, desde el Ejecutivo se considera a los trabajadores de las universidades como parte de una “casta de privilegiados”, una definición que tensó aún más la relación.

En paralelo, el paro de actividades iniciado el lunes 16 de marzo fue calificado como “rotundo” por los gremios. En el caso de los docentes, la medida se extenderá durante toda la semana, reflejando el nivel de adhesión y el malestar acumulado.

Reclamos por salarios, becas y financiamiento

El conflicto no se limita a una disputa discursiva. Los gremios docentes y no docentes denunciaron una pérdida salarial del 50% en términos reales en los últimos dos años, una cifra que expone el deterioro del poder adquisitivo en el sector.

En esa línea, la secretaria adjunta de ADULP, Verónica Betancourt, aportó un dato que enciende alarmas: más de 10 mil docentes habrían renunciado a nivel nacional sobre un total de 200 mil, lo que evidencia una crisis de retención de profesionales. A esto se suma el fenómeno del pluriempleo, cada vez más extendido entre los trabajadores universitarios para sostener sus ingresos.

Desde el movimiento estudiantil, las críticas apuntan también al sistema de becas. La presidenta de la FULP, Sol Alconada, denunció que las Becas Progresar permanecen “congeladas” en 35 mil pesos —que en términos reales se reducen a 28 mil—, muy por debajo del costo de vida actual. Según indicó, la legislación vigente permitiría elevarlas a 60 mil pesos.

Además, advirtió que el proyecto impulsado por el gobierno implicaría la eliminación tanto de las Becas Progresar como de las Manuel Belgrano, lo que redundaría en “15 mil becas menos” desde 2024. Este punto se convierte en uno de los ejes más sensibles del conflicto, ya que impacta directamente en el acceso y la permanencia en la educación superior.

Otro foco de disputa es la ley de financiamiento universitario, que fue aprobada por el Congreso, vetada por el presidente y luego nuevamente respaldada, con intervención judicial para su cumplimiento. Para los sectores movilizados, este recorrido institucional refleja la centralidad del tema y la resistencia oficial a garantizar recursos.

En términos políticos, el rechazo es contundente. “No vamos a aceptar el proyecto del gobierno”, afirmó la copresidenta de la FULP, Albertina Bidart, quien también convocó a la comunidad universitaria a participar de la movilización.

Más allá de las cifras y las medidas, los dirigentes destacaron un cambio en el clima interno. Según Betancourt, docentes que hasta ahora no se habían sumado a las protestas comenzaron a participar activamente, aportando nuevas ideas y fortaleciendo el frente gremial.

Por su parte, Alconada sintetizó el espíritu de la convocatoria con una consigna que busca ampliar la interpelación social: “Nosotros luchamos por la universidad pública”, planteando la discusión en términos de modelo de país más que de reivindicación sectorial.