La situación financiera de la provincia de Buenos Aires entró en una fase crítica y pone al gobernador Axel Kicillof ante un escenario de alta tensión política y económica. La combinación entre el ajuste de recursos impulsado por el gobierno de Javier Milei y la caída del poder adquisitivo de los bonaerenses impacta de lleno en las cuentas provinciales.
En La Plata, sede de la gobernación, el diagnóstico es cada vez más restrictivo. Funcionarios admiten que los márgenes de asistencia se agotaron. “No hay más nada”, fue la respuesta que recibió un intendente al solicitar ayuda, reflejando el límite de recursos disponibles.
EL MAYOR DAÑO DE LAS POLÍTICAS DE MILEI SIGUE CAYENDO SOBRE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) March 18, 2026
La desocupación informada por @INDECArgentina para el cuarto trimestre de 2025, que aumentó y marca 7,5% como promedio nacional, registra preocupantes picos muy por encima de la media en… pic.twitter.com/zHlLJb33Lt
En este contexto, Kicillof convocará la próxima semana a intendentes oficialistas y opositores para analizar el estado de las finanzas. La reunión buscará ordenar prioridades en medio de una creciente presión territorial, especialmente desde el conurbano bonaerense.
Uno de los indicadores más preocupantes surge del último informe del Indec. En el Gran La Plata —que incluye La Plata, Berisso y Ensenada— la desocupación alcanzó el 9,5% en el cuarto trimestre, superando la media nacional.
El dato marca un salto respecto al 8,1% del trimestre anterior, lo que evidencia un deterioro del mercado laboral en la región.
Lo que tenés que saber:
Este escenario incrementa la presión sobre los municipios, que trasladan la demanda al gobierno provincial.
En paralelo, la provincia enfrenta dificultades para acceder a financiamiento. Aunque la Legislatura autorizó un esquema de endeudamiento por más de USD 3.600 millones, la emisión depende de la aprobación del gobierno nacional.
El ministro de Economía, Luis Caputo, solo habilitó una parte de ese financiamiento para cubrir vencimientos previos. A comienzos de marzo, la provincia pagó más de USD 420 millones correspondientes a deuda en dólares, incluyendo capital e intereses.
Desde Nación, la postura es clara:
solo se permitirá refinanciar deuda existente, no contraer nueva para obras o inversión.
Esta decisión complica los planes de infraestructura de la provincia, que dependen en gran medida del acceso al crédito.
El contexto financiero también juega en contra. El riesgo país superó los 600 puntos básicos, lo que eleva el costo del endeudamiento por encima del 10% anual en dólares.
Esto deja a Buenos Aires en desventaja frente a emisiones recientes de otras provincias:
Hoy, con el riesgo país en niveles elevados, esas condiciones ya no están disponibles.
En la Casa Rosada descartan habilitar nueva deuda para la provincia. Incluso desde el entorno de Caputo aseguran que la estrategia nacional apunta a evitar el endeudamiento y financiarse mediante la venta de activos.
Esta postura choca con la visión de Kicillof, quien rechaza desprenderse de bienes del Estado bonaerense.
Mientras tanto, en la provincia crece la preocupación por el freno de obras y el deterioro social. Sin financiamiento y con menos recursos, la administración bonaerense enfrenta un dilema complejo en un contexto que combina ajuste, presión política y deterioro económico.