La decisión de Axel Kicillof de postergar el envío de los pliegos para cubrir vacantes en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires abrió una nueva tensión política en el oficialismo y sus aliados.
Según reconstruyen fuentes políticas, los nombres ya están definidos desde diciembre, cuando se alcanzó un acuerdo entre el kirchnerismo, el massismo y sectores del radicalismo. Sin embargo, más de dos meses después, el expediente sigue sin avanzar hacia el Senado bonaerense.
La demora no es menor: hoy el máximo tribunal funciona con apenas tres de los siete jueces que deberían integrarlo, una situación que distintos sectores califican como una anormalidad institucional.
El entendimiento se selló a principios de diciembre en una reunión que incluyó a dirigentes clave de todos los espacios. Participaron Gabriel Katopodis, Mariano Cascallares, Facundo Tignanelli, Federico Otermin, Alexis Guerrera y el senador radical Maxi Abad, entre otros.
Allí se acordó enviar tres pliegos correspondientes a los principales sectores del peronismo y avanzar con su aprobación junto al Presupuesto 2026. Pero el Gobierno decidió no mezclar ambas discusiones y el tema quedó congelado.
Desde el peronismo reconocen el malestar:
“El gobernador lleva más de dos meses demorando el acuerdo”, admitió un dirigente con acceso a las negociaciones.
Aunque no hay confirmaciones oficiales, comenzaron a circular posibles candidatos:
El hermetismo es total en algunos sectores, mientras que otros nombres empiezan a instalarse en ámbitos judiciales y políticos.
Además, dentro del oficialismo crece la presión para que al menos una mujer integre la Corte, en línea con reclamos de sectores progresistas.
La crisis en la Corte no es nueva. En los últimos años se produjeron múltiples salidas:
A pesar de este escenario, desde el entorno de Kicillof sostuvieron durante meses que el tribunal “así funciona bien”, una postura que hoy genera cuestionamientos incluso dentro del propio oficialismo.
El reparto de lugares en la Corte responde a un delicado equilibrio político. El acuerdo incluye también al radicalismo, que impulsaría a Marina Sánchez Herrero para uno de los cargos.
En paralelo, el peronismo descarta ceder lugares al PRO o a La Libertad Avanza, argumentando que ya cuentan con representación previa, como el caso del juez Sergio Torres, designado durante la gestión de María Eugenia Vidal.
La definición final sigue abierta. Pero la presión crece: la Corte está incompleta y el sistema judicial bonaerense espera definiciones urgentes.