La batalla legal por el saneamiento de la cuenca hídrica del Río de la Plata entró en una fase crítica.

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata tendrá la última palabra sobre el embargo de $157.000 millones que pesa sobre las arcas bonaerenses.

La medida, dictada originalmente por el juez Alberto Recondo, busca forzar el inicio de trabajos de infraestructura largamente postergados en las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada.

A través de la Fiscalía de Estado, el abogado Juan Pedro Mendy presentó un escrito donde califica la decisión judicial como una "gravedad institucional inusitada".

Desde la Provincia sostienen que el magistrado se extralimitó en sus funciones, alterando la asignación de recursos aprobada por la Legislatura y provocando una "virtual paralización" de las actividades estatales.

Las claves del conflicto ambiental:

Peritajes de la Facultad de Ingeniería de la UNLP (Uidet GA) confirmaron que el sistema hídrico funciona como un "sumidero" de desechos cloacales e industriales sin tratamiento.

Los informes técnicos detectaron niveles críticos de nitrógeno y desechos sólidos, especialmente en las zonas de La Granja, Melchor Romero y aguas abajo de la calle 1 en La Plata. La falta de una planta de disposición final de líquidos cloacales afecta directamente la calidad del agua en toda la franja costera de la región.

El juez Recondo sostiene que la magnitud del daño ambiental obliga a adoptar decisiones drásticas, inmovilizando el dinero hasta que se acredite fehacientemente el inicio de las obras de saneamiento.

Un dilema entre el ambiente y las finanzas

La Provincia argumenta que, bajo la apariencia de una medida cautelar, la justicia está imponiendo una "sanción económica de magnitud extraordinaria" que afecta el presupuesto destinado a salud, seguridad y educación.

No obstante, el fallo judicial se apoya en la urgencia de frenar el vertido de efluentes que comprometen el derecho a un ambiente sano de miles de vecinos.

La resolución de la Cámara será determinante no solo para las finanzas de la gestión de Axel Kicillof, sino también para el futuro ecológico de la región, que aguarda desde hace décadas una solución estructural para sus cursos de agua.