El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que deja sin efecto la sentencia dictada en primera instancia por la jueza Loretta Preska, que había condenado a la Argentina a pagar más de US$16.100 millones por la expropiación de YPF, es un triunfo del pueblo argentino y viene a reconocer que la decisión adoptada por en 2012 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a instancias de su entonces viceministro de Economía Axel Kicillof, se ajustó al ordenamiento constitucional de nuestra nación, esto es la soberanía argentina.

La decisión de la Corte viene a poner justicia en un asunto que de concretarse tal como pedían los llamados “fondos buitres” habría causado un grave perjuicio al erario público y sentado un precedente muy peligroso contra la potestad de los estados nacionales de hacer cumplir sus leyes, por encima de estatutos o contratos creados por particulares, como el caso en cuestión de YPF en manos de Repsol.

Lo paradójico del tema es que el presidente de la Nación, Javier Milei, salió inmediatamente a adjudicarse la “victoria” en la Corte de Nueva York, a pesar de haber estado dispuesto a pagar la sentencia de 16.100 millones de dólares pocos meses atrás.

“Acá hay un problema porque la plata no la tenemos… pero sí tenemos la voluntad de pagar. Estamos trabajando la idea de crear la tasa Kicillof, es decir pagar con un bono perpetuo y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof, y que los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo”, resaltaba muy convencido Milei al cargar contra el actual gobernador bonaerense como “responsable” de la nacionalización de YPF.

Sin embargo, se demostró que la expropiación de la petrolera entonces en manos de Repsol se ajustó a derecho. El paso del tiempo deja en claro además que recuperar YPF fue el punto de partida para que Vaca Muerta se convierta en un polo productor de energía para el país y para exportar; polo que hoy, entre otras cosas, le permite al actual gobierno tener superávit en materia de energía y equilibrio fiscal.

Finalmente, como sostiene el jurista Rodolfo Barra, los accionantes deberían ser demandados por el reintegro de los gastos del juicio, acto jurídico que le corresponde iniciar a la Procuración del Tesoro de la Nación.

(*) Ex presidente del Fondo del Conurbano Bonaerense y ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación  Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.