Bajo la consigna de "Ley y Orden", Jorge Macri endureció la postura del Gobierno de la Ciudad frente a los barrios populares.

El operativo, que transformó 5 de las 13 entradas de la Villa 31 en peatonales y sumó retenes de la Policía de la Ciudad, busca —según el mandatario— terminar con las "zonas liberadas" y el crecimiento descontrolado que la Ley 6.129 no logró contener.

"Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad", sentenció Macri tras supervisar la instalación de obstáculos físicos.

No obstante, el anuncio de que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) dejará de destinar recursos a la urbanización marca el certificado de defunción para el proceso de integración que el propio PRO supo publicitar como un hito de gestión.

Los puntos más polémicos de la medida:

• El "Efecto Búmeran": Antecedentes históricos (gestión de Mauricio Macri) demuestran que prohibir el ingreso de materiales no frena las construcciones, sino que dispara el precio del cemento y la arena en el mercado negro interno.

• Favorecimiento a Punteros: Críticos señalan que estas restricciones terminan beneficiando a empresarios y punteros barriales con logística propia —como el recordado caso de Oscar "El Gitano" Remorino—, quienes monopolizan la venta de insumos a precios de usura.

• Derecho a la Vivienda vs. Control Policial: Mientras el Gobierno habla de "regularizar la situación", organizaciones sociales denuncian que peatonalizar calles y cerrar corralones internos asfixia la economía del barrio y pone en riesgo la seguridad habitacional de miles de familias.

• Fin de la Urbanización: El retiro de fondos del IVC para obras de infraestructura básica es visto como un retroceso que condena al barrio al hacinamiento, contradiciendo el discurso de "una sola Ciudad con los mismos derechos".

La estrategia de los bolardos y el control policial estricto es leída por analistas políticos como un intento de Jorge Macri de fidelizar al electorado más duro del PRO, diferenciándose de la etapa "progresista" de la urbanización de Rodríguez Larreta.

Sin embargo, el riesgo de que la medida fracase operativamente es alto: la Villa 31 es un ecosistema complejo donde el endurecimiento de los controles suele derivar en mayores niveles de corrupción en los retenes y un deterioro en la calidad de las obras que, pese a todo, siguen ocurriendo.