El esquema actual, que fija las sesiones ordinarias entre el 1° de marzo y el 30 de noviembre, responde a una tradición institucional que data de épocas donde las distancias y los ciclos productivos rurales marcaban el pulso de la política.
Sin embargo, el diputado Matías Civale argumenta que esa realidad ha quedado obsoleta frente a los avances tecnológicos y las crecientes demandas de planificación y control normativo que enfrentan hoy los municipios.
De aprobarse esta modificación al artículo 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los 135 cuerpos deliberativos de la provincia verían ampliado su calendario, permitiendo un acompañamiento más temprano de la ejecución presupuestaria y la planificación de obras públicas desde el inicio del año calendario.
Nuevo Calendario: Sesiones ordinarias del 1° de febrero al 9 de diciembre.
Fin del "Ciclo Agrario": El autor explica que el receso actual se asociaba a la limitación en transportes y el vínculo de legisladores con la actividad rural, algo superado por la conectividad actual.
En ese sentido, permitiría que los Concejos traten expedientes clave (contrataciones, partidas presupuestarias y programas de gobierno) sin depender de la convocatoria a sesiones extraordinarias durante el verano.
El objetivo: terminar con un esquema "agrario" que, según el legislador, ya no responde a las demandas de conectividad y gestión que exigen los gobiernos locales modernos.
Actualmente, los meses de enero y febrero suelen ser de nula actividad pública en los recintos, salvo por emergencias o temas excepcionales.
En ciudades con una agenda legislativa cargada como La Plata, esto suele generar un cuello de botella en los últimos meses del año.
"La dinámica municipal requiere un funcionamiento deliberativo más continuo", sentenció Civale en sus fundamentos.
La propuesta busca que los gobiernos locales no queden "huérfanos" de control legislativo durante los meses de gestión estival, donde se planifican gran parte de las políticas que se ejecutan durante el resto del año.
El debate ahora pasa a las comisiones de la Legislatura, donde se definirá si los ediles deberán cambiar las vacaciones por la labor parlamentaria a partir del próximo febrero.