Con el objetivo de evitar que este incremento se traslade de forma inmediata a los precios finales —que ya acumulan una suba del 15% desde febrero—, el sector privado y el Gobierno nacional coordinaron un doble movimiento que incluye la postergación de impuestos específicos hasta mayo, buscando dar previsibilidad a una economía local golpeada por la caída de la demanda.

El acuerdo, que rige desde el pasado miércoles, establece un mecanismo de "cuenta compensadora".

Esto permite que, aunque el crudo se facture a valores internacionales, las refinadoras paguen tomando como referencia el precio de marzo.

La diferencia técnica será saldada más adelante, una vez que el horizonte geopolítico aclare el panorama de los precios energéticos. En medio de un escenario de máxima volatilidad global, el mercado energético argentino ha decidido activar un freno de mano.

Las principales petroleras privadas del país acordaron sostener sin cambios los precios de los combustibles por un plazo de 45 días, plegándose a la estrategia de la estatal YPF.

Acompañando este pacto sectorial, el Poder Ejecutivo nacional formalizó, a través del Decreto 217/2026, la postergación de la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono hasta el 1 de mayo.

De esta manera, se busca quitar presión fiscal sobre los surtidores en un rubro que es determinante para el índice de inflación y el costo logístico de todo el país.

La decisión del sector llega en un momento crítico. Según reportes de Reuters, el consumo local de naftas y gasoil ha mostrado signos de fatiga tras los incrementos registrados desde el inicio del año.

Al fijar el precio por un mes y medio, las empresas buscan estabilizar el mercado interno y evitar una caída mayor en las ventas. Para el consumidor, esta tregua representa un alivio temporal frente a una inercia alcista que parecía no tener techo debido a la guerra.

Sin embargo, el final del plazo en mayo marcará un nuevo desafío: cómo reajustar los valores si el conflicto en Medio Oriente se prolonga, sin que ello signifique un salto brusco que desestabilice el sendero fiscal que el Gobierno intenta mantener.