El sistema de transporte público en la Provincia de Buenos Aires ha dejado de ser un servicio para convertirse en un calvario cotidiano.

En ciudades como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, la escena se repite: paradas desbordadas de pasajeros que aguardan bajo las inclemencias del tiempo unidades que nunca llegan o que circulan con frecuencias reducidas por decisión unilateral de las empresas.

Mientras los directivos de las cámaras, como Marcelo Pasciuto de Cetuba (Grupo Dota), califican la situación de "inviable" y amenazan con una parálisis total para este miércoles, el ciudadano de a pie es el único rehén. Las empresas reclaman que el Gobierno no giró el 60% de los subsidios y que el combustible es impagable, pero la contraprestación es, por decir lo menos, deficiente.

El cinismo del aumento: pagar más por viajar peor

Resulta paradójico, e incluso provocador, que en medio de un servicio degradado, las cámaras empresarias exijan tarifas que rozan el absurdo.

En Mar del Plata, pretenden llevar el boleto por encima de los $2.500, mientras que el trayecto que une Bahía Blanca con Punta Alta ya sufrió un hachazo del 127% avalado por la Provincia, llevando el pasaje a $4.190.

¿Cuál es la mejora que justifica este impacto en el bolsillo del trabajador? Ninguna. El parque automotor está envejecido y las frecuencias se recortan "por izquierda", sin previo aviso, dejando a miles de bonaerenses varados.

En Junín, la crisis ya derivó en conflicto gremial: un despido intempestivo paralizó las cuatro líneas de la ciudad.

La respuesta oficial y el ultimátum de las empresas

En La Plata, la gestión de Julio Alak decidió pasar a la ofensiva. Ante la reducción arbitraria del servicio, el municipio anunció que multará a las empresas, recordando que el transporte es un servicio público esencial y no una variable de ajuste de sus balances financieros.

Por su parte, el sector empresario supedita la salida de los colectivos a que "los bancos den descubierto" y el Gobierno libere fondos. Es un esquema de extorsión donde el combustible y la paritaria son la excusa perfecta para ocultar años de falta de inversión genuina.