La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se convirtió en un ring político tras el avance del proyecto de ley de la senadora Carolina Losada (UCR).

La propuesta busca un giro radical en el Código Penal: elevar las penas para quienes realicen denuncias falsas, especialmente en casos de violencia de género y abuso sexual, pasando de multas simbólicas a castigos efectivos de entre 3 y 6 años de prisión.

Para Losada, la ley es una herramienta necesaria para evitar que se "bastardeen" las luchas genuinas y se malgasten recursos públicos en estrategias de divorcio o "despecho".

Sin embargo, el bloque de Fuerza Patria (FP) plantó bandera en contra, asegurando que la normativa es un ataque directo a los derechos conquistados. La senadora María Florencia López advirtió que la ley generará terror en las víctimas: si no logran probar el abuso ante una justicia muchas veces lenta, podrían terminar ellas mismas tras las rejas.

👉 "Es un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres; muchas víctimas podrían abstenerse de denunciar por temor a terminar presas", señalaron desde el peronismo.

El ojo puesto en abogados y psicólogos

Uno de los puntos más polémicos y "picantes" del proyecto es el endurecimiento de las penas para los profesionales que intervienen en las causas. La ley no solo persigue al denunciante, sino que establece sanciones de hasta 9 años de prisión para:

• Abogados y psicólogos: que colaboren en la fabricación de testimonios o pruebas falsas.

• Peritos y testigos: que mientan en procesos que involucren a menores o delitos contra la integridad sexual.

Esta medida busca desarticular lo que algunos sectores denominan "industria de la denuncia falsa", pero desde el garantismo de género aseguran que esto dejará a las víctimas sin asistencia profesional, ante el miedo de los especialistas a ser imputados.

Polarización total: ¿Justicia o retroceso?

El respaldo de La Libertad Avanza fue fundamental para que el proyecto obtuviera dictamen de mayoría. Los libertarios sostienen que la ley actual es insuficiente y que el sistema judicial se utiliza muchas veces como un arma de extorsión en conflictos familiares.

En la vereda de enfrente, el bloque de FP mantiene que el foco debería estar en mejorar la recolección de pruebas y no en criminalizar a quien busca ayuda.

Con el dictamen firmado, la batalla se traslada ahora al recinto. El debate promete ser uno de los más calientes del año, enfrentando dos visiones irreconciliables: la del "debido proceso" y la presunción de inocencia frente a la del "enfoque de género" y la protección prioritaria de la víctima.

Mientras tanto, en los tribunales bonaerenses y de todo el país, la expectativa es total ante un cambio que podría reconfigurar todas las causas de familia vigentes.