El Gobierno nacional ha implementado un cambio significativo en la administración pública al establecer el "silencio administrativo positivo" en ciertos procedimientos. Según el Decreto N° 971/2024, cuando una solicitud presentada por un ciudadano no reciba respuesta dentro del plazo fijado, se interpretará automáticamente como aprobada. Esta disposición se basa en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, la cual fue modificada para contemplar esta medida en la Ley Bases, con el objetivo de agilizar las gestiones y evitar largos períodos de espera.

Este nuevo sistema, vigente desde el 1 de noviembre en la Administración Pública Central y que se expandirá el 1 de diciembre a los organismos descentralizados, excluye trámites de salud pública, medio ambiente, servicios públicos y derechos sobre bienes de dominio público. En estas áreas, la falta de respuesta no implicará una aprobación automática, dado el carácter sensible y de interés público de estas gestiones.

Para garantizar la efectividad del silencio administrativo positivo, el Gobierno ha impulsado la digitalización de todos los trámites, a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y otros sistemas digitales institucionales. Esto facilita que los ciudadanos puedan gestionar sus solicitudes sin necesidad de acudir necesariamente a las dependencias, alineándose con el esfuerzo estatal para optimizar los recursos y reducir la burocracia.

Si bien la medida responde a una demanda ciudadana de agilización y modernización del Estado, también genera cuestionamientos. Implementar el silencio administrativo positivo es un compromiso con la celeridad, pero ¿qué pasa cuando esta rapidez puede ir en detrimento de la rigurosidad? La automatización es útil en muchos casos, pero también podría llevar a una posible falta de control o revisión adecuada en trámites de alta importancia.

El desafío estará en garantizar que esta política no termine beneficiando más a quienes tienen el conocimiento y los recursos para aprovechar las nuevas reglas del juego, sino que realmente beneficia al ciudadano común, reduciendo la burocracia y los tiempos de espera, sin dejar de lado la responsabilidad del Estado de evaluar cada solicitud con el cuidado que merece.