El intento de robo en el barrio privado Estancias del Pilar puso en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de la seguridad en estos espacios exclusivos.

Lo que comenzó con la detección de tres intrusos en la madrugada por las cámaras de vigilancia de la empresa de seguridad Watch Men, terminó en un operativo policial con intercambio de disparos, dejando a un oficial herido ya tres delincuentes bajo arresto.

La dramática detención de uno de los sospechosos, Elías Agustín Romero, quien intentó esconderse en una laguna, fue captada en video y difundida por los medios.

En las imágenes, se observa cómo los agentes, bajo gritos de advertencia, logran su rendición.

Romero, descalzo y en evidente estado de agotamiento, intentó desviar las sospechas asegurando que no estaba armado, aunque personal de seguridad del barrio rápidamente lo contradijo, afirmando que había amenazado con un arma a uno de sus compañeros.

Este episodio, que podría parecer aislado, revela problemas estructurales en la seguridad de los barrios privados.

A pesar de las barreras perimetrales, la avanzada tecnología de vigilancia y la presencia de seguridad privada, los delincuentes lograron irrumpir y poner en peligro a los habitantes y empleados del lugar.

Los agentes de seguridad privada, aunque capacitados para monitorear y prevenir accesos no autorizados, no siempre están preparados para enfrentamientos armados, como el ocurrido en esta ocasión.

Romero, quien ya contaba con antecedentes por robo agravado, fue uno de los protagonistas de este intento de robo en banda.

Este historial delictivo, sumado al hecho de que se movilizaban en vehículos robados, habla de la audacia de los delincuentes y, al mismo tiempo, cuestiona la efectividad de las políticas de seguridad que permiten que individuos reincidentes queden en libertad para volver a delinquir.

Los tres detenidos, identificados como Nicolás Javier Ríos, Carlos Armando Ibáñez y el mencionado Romero, se enfrentarán a cargos graves que incluyen tentativa de homicidio, robo calificado en poblado y en banda, tenencia ilegal de arma de guerra y abuso de armas.

La investigación, liderada por el fiscal Raúl Casal, marca un precedente en la lucha contra el crimen organizado en zonas residenciales de alto poder adquisitivo.