Bajo arresto domiciliario tras su condena por el caso de la ex imprenta Ciccone, el ex vicepresidente se presenta como un “caso de estudio” de la teoría del lawfare en la carrera de Comunicación.

Boudou será el protagonista de la cursada que se llevará bajo el nombre “Casos emblemáticos de noticias falsas y guerra jurídica”, en contexto del programa “El periodismo argentino en su laberinto: guerra mediática y jurídica, operaciones políticas, noticias falsas y otras delicias de la independencia”, que organizan los profesores Gustavo Bulla y Daniel Rosso.

La presentación de Boudou en la Facultad de Comunicación de la UBA coincidirá con la citación por parte del juez federal Ricardo Basílico, para una nueva audiencia para el próximo 14 de abril a las 9.30, en la que se discutirá si seguirá en prisión domiciliaria o volver a cárcel.

En el seminario ya expusieron este lunes la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño; y los periodistas Ari Lijalad, Cynthia García y Sandra Russo, entre otros dirigentes y personalidades afines al kirchnerismo.

Durante la actividad del lunes, la titular de la AFI destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de prohibir que los integrantes del organismo de inteligencia sean “auxiliares de la Justicia”, lo cual impide la “promiscuidad que sirvió para el lawfare, esta unión entre los servicios, los jueces, los medios de comunicación y los grandes grupos económicos concentrados”.

El seminario optativo que dictan Bulla y Rosso tiene como objetivos que los estudiantes tengan una “mirada crítica sobre la actividad de los medios de comunicación y la profesión periodística”, así como tener “herramientas teórico-conceptuales para entender la complejidad del momento político actual”.

La ponencia de Boudou será sobre “Casos emblemáticos de noticias falsas y guerra jurídica: el caso Boudou”. La invitación de la carrera de Comunicación de la UBA generó una fuerte discusión en las redes sociales, donde dirigentes de la oposición recordaron que el ex funcionario registra una condena a 5 años y 10 meses de prisión por haber cometido los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por la apropiación de la empresa Ciccone Calcográfica. Esa sentencia cuenta con el aval de la Corte Suprema de Justicia, cuyo fallo también había generado rechazo de un sector del Frente de Todos.

Antes de la participación de Boudou, está previsto que el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, exponga el 26 de abril sobre el “marco global donde funciona el lawfare: medios concentrados, Poder Judicial parcial y servicios de inteligencia al servicio del poder económico”.

En la propuesta académica del curso, que consta de tres horas semanales, 45 horas totales, los docentes fundamentan: “Hace poco más de una década que el ejercicio periodístico en nuestro país y en buena parte de la Región, ha abandonado su tradicional impostura de independencia y objetividad. La actividad de los periodistas, especialmente en los medios de comunicación con posición dominante, cada vez se asemeja más a una actividad abiertamente político partidaria que a una profesional destinada a informar a los públicos, como durante décadas los propios involucrados se encargaron de proclamar como autopercepción”.

No es la primera vez que la conducción de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA lleva adelante actividades y posturas públicas de este tipo. El 7 de noviembre de 2017, el Consejo Directivo de la sede académica ya se había pronunciado contra el gobierno de Mauricio Macri por “instrumentar al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores”. “El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar”, señalaba la resolución. En el listado de situaciones mencionadas figura la detención “sin ser indagado” del ex ministro de Planificación, Julio de Vido; la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; y el dictado de prisión preventiva contra Amado Boudou, entre otras.

Boudou fue condenado en agosto de 2018 a cinco años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone. La condena fue confirmada por Casación en julio de 2019. En agosto de 2020, el juez Daniel Obligado, como magistrado de ejecución en el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 del ex vicepresidente, le otorgó la prisión domiciliaria por la situación de la pandemia. Según el magistrado, sus hijos –mellizos de dos años– estaban en una situación de vulnerabilidad ya que solo tenían a su madre y que la presencia del padre podía ayudar en esta situación. Fuente: infobae.com, visionpolitica.info