El sueño de la casa propia ya era inalcanzable para muchas personas; ahora, hasta alquilar parece estar fuera de alcance. Según un reciente informe elaborado por varias instituciones de renombre, la situación de los inquilinos en el AMBA se ha deteriorado notablemente desde la derogación de la Ley de Alquileres por el actual gobierno libertario.

Entre los principales datos alarmantes se encuentra el crecimiento de los contratos a corto plazo. Mientras que en 2023 el 40% de los hogares firmaban contratos de tres años, en 2024 esa cifra cayó al 20%. Además, las actualizaciones de precios trimestrales se han disparado, afectando al 46% de los inquilinos, un aumento significativo respecto al año anterior.

La precarización no solo es contractual; el 62% de los hogares inquilinos tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza, y el 40% destina más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Esta realidad fuerza a muchos a endeudarse, siendo las mujeres las más afectadas en este escenario.

El panorama es sombrío. Si bien la Ley de Alquileres tenía críticas, su derogación no trajo soluciones, sino más problemas. Esta crisis habitacional evidencia la necesidad urgente de políticas que protejan a los inquilinos y fomenten el acceso a viviendas dignas. Sin ellas, el derecho a un techo seguro seguirá siendo solo un sueño lejano para miles de familias.