El reconocido abogado penalista, Fernando Burlando, ha decidido tomar un nuevo rumbo en su carrera al asumir la defensa del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri.

Burlando afirma que Urribarri ha sido objeto de una "aberración jurídica" y una "persecución política" que requiere una acción inmediata.

El anuncio de Burlando llega después de su participación como querellante en la investigación de la muerte de Berenice Gonzálvez en Entre Ríos, donde recibió información de primera mano sobre las causas contra Urribarri.

El abogado sostiene que el ex mandatario ha sido sometido a un "escuadrón de fusilamiento judicial, político y mediático" con investigaciones y juicios plagados de arbitrariedades.

Este será el primer caso político en el que Burlando intervendrá como defensor, respaldando su decisión al afirmar que se han violado garantías constitucionales y que las investigaciones han sido marcadas por la arbitrariedad y la falta de imparcialidad.

El caso contra Urribarri, conocido como la "Megacausa", se centró en cinco investigaciones relacionadas con el supuesto desvío de fondos públicos para fines particulares durante su mandato como gobernador.

La Fiscalía argumentó que varios proyectos, como la construcción de un parador en Mar del Plata y la contratación de publicidad oficial, fueron utilizados para financiar la campaña política de Urribarri.

Burlando denuncia una serie de irregularidades en el proceso judicial, incluyendo allanamientos sin testigos, embargos exorbitantes y la ausencia de pruebas directas que vinculen a Urribarri con los cargos en su contra. Además, critica la parcialidad de los jueces y cuestiona la integridad del sistema judicial provincial.

El abogado también hace referencia a otras causas pendientes contra Urribarri, incluyendo acusaciones de enriquecimiento ilícito y supuesto pago de coimas, resaltando una presunta falta de imparcialidad y transparencia en el tratamiento de los casos.

En resumen, Burlando afirma que el caso contra Urribarri es un ejemplo claro de persecución política y abuso judicial, y se compromete a investigar a fondo las irregularidades antes de presentar su defensa en los tribunales provinciales.