El conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos continúa escalando. Tras una medida de fuerza el miércoles que dejó a unos 2000 pasajeros varados en Aeroparque durante tres horas, la gestión de Javier Milei tomó nuevas medidas para desbaratar el monopolio de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa y manejo de equipaje.

La última medida permite que nuevos actores, tanto compañías aéreas como ajenas al sector, puedan operar estos servicios en tierra. Además, se autoriza a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a intervenir en la descarga de equipaje durante las huelgas.

Este proceso comenzó con el decreto de “cielos abiertos” en julio, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado que otros proveedores desafíen a Intercargo. Mientras tanto, el Gobierno busca acelerar la salida del Estado de la empresa, la cual está incluida en la lista de “privatizables” según la Ley Bases.

El anuncio fue realizado por Sturzenegger, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la Casa Rosada. En la conferencia, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que se desregularía el servicio de rampas en los aeropuertos y se habilitaría a las fuerzas de seguridad para intervenir en situaciones de emergencia. “Ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén a un pasajero”, declaró Adorni.

La situación actual enfrenta al Gobierno con la dependencia de Aerolíneas Argentinas y otras aerolíneas privadas de los servicios de Intercargo. El decreto 599/2024, que promueve los “cielos abiertos”, permitió la apertura del mercado de servicios en tierra, pero aún no ha logrado que otras empresas compitan efectivamente. A partir de septiembre, la ANAC habilitó a las compañías aéreas para ofrecer estos servicios, pero la competencia sigue siendo escasa.

Mogetta destacó que el servicio de rampas era un obstáculo para la competencia y que, en este nuevo paso, cualquier persona jurídica podría prestar estos servicios en todos los aeropuertos del país. Por su parte, Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, está trabajando en un proyecto para privatizar Intercargo bajo un modelo de concesión.

El conflicto actual se profundizó tras la sorpresiva huelga en Aeroparque, que afectó a varios vuelos, incluyendo los de Flybondi y JetSmart. Esta medida de fuerza, que tuvo como razón el despido de un trabajador de Intercargo, provocó demoras y cancelaciones que afectaron a más de 7000 pasajeros. Como respuesta, el Gobierno desvinculó a 15 empleados de Intercargo, acusándolos de generar "mecanismos de extorsión" que afectaron a los pasajeros.

La ministra Bullrich presentó una denuncia penal contra los responsables de la huelga por privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo. Además, advirtió que si el conflicto persiste, se tomarán medidas aún más drásticas contra los gremios aeronáuticos y las empresas estatales involucradas.

En respuesta a la situación, el Gobierno lanzó un ultimátum a los gremios de Aerolíneas Argentinas. Si no se presenta una propuesta que garantice la operatividad sin conflictos, se avanzará con un plan preventivo de crisis que podría limitar las acciones sindicales e incluso llevar al cierre de la empresa. La reunión entre las partes se llevará a cabo este viernes.

Este proceso pone en juego el futuro de Intercargo y la dinámica de los gremios aeronáuticos, mientras el Gobierno intenta liberar el mercado de los servicios de rampa y manejar la situación con firmeza.