Recientemente, se llevó a cabo una votación en el Congreso que resultó en una modificación de la ley que afecta a los inquilinos y complica aún más el proceso de alquiler en Argentina. Esta medida fue respaldada por los bloques políticos de Juntos por el Cambio, Milei y Schiaretti, mientras que el peronismo, en su mayoría, la facilitó mediante ausencias convenientes.

Una vez más, tanto en el frente público como en las decisiones políticas detrás de escena, se revela la convergencia de intereses entre diferentes sectores políticos en favor de las inmobiliarias. Esta acción se lleva a cabo en un contexto donde millones de argentinos luchan por acceder a una vivienda mientras existen cientos de miles de propiedades vacías.

La falta de medidas en favor de los inquilinos pone en una situación precaria a más de 10 millones de personas y resalta la prioridad de estos partidos por el lucro y el beneficio de los más acaudalados.

La única postura unánime en defensa de los inquilinos y su derecho a la vivienda provino del Frente de Izquierda Unidad. Este bloque propuso medidas como gravar las propiedades vacías para incentivar a los grandes propietarios a ponerlas en el mercado, imponer límites y regulaciones a los alquileres temporarios que elevan los costos de alquiler residencial, y establecer techos en los precios iniciales de los contratos, ajustados según la evolución real de los salarios. Además, sugirieron medidas a largo plazo, como proporcionar créditos asequibles y planes de obras públicas para la construcción y urbanización de viviendas.

Estas propuestas no solo podrían abordar la crisis de la vivienda de manera inmediata, sino que también ofrecen soluciones estructurales para el futuro. La situación de los inquilinos en Argentina destaca la necesidad de políticas que prioricen sus derechos y bienestar en lugar de favorecer a las inmobiliarias y a los más ricos.

Esta nota está inspirada en un reciente trabajo del muy buen portal LaIzquierdaDiario.com, que valoramos mucho.