La justicia argentina ha puesto al descubierto un entramado de corrupción que involucra a dirigentes piqueteros y organizaciones sociales vinculadas al gobierno. Este escándalo ha sacado a la luz prácticas extorsivas y abusivas dirigidas a los sectores más vulnerables del país.

En el centro de la investigación se encuentran líderes del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie, todos con conexiones políticas significativas en el gobierno de Alberto Fernández y ahora en la administración de Axel Kicillof.

La pesquisa revela un modus operandi complejo donde estos dirigentes, en una posición de doble juego, distribuían planes sociales y alimentos a través del Estado, mientras simultáneamente los controlaban desde cooperativas y comedores ligados a sus organizaciones. Esta dualidad les permitía manipular a los beneficiarios y forzar su participación en actividades políticas, bajo la amenaza de perder sus beneficios.

La fiscalía, encabezada por Gerardo Pollicita, ha presentado pruebas contundentes que señalan a 27 imputados, la mayoría de ellos vinculados al Polo Obrero y al FOL. Estos individuos operaban a un nivel intermedio en la estructura, actuando bajo las directrices de líderes superiores que aún no han sido mencionados en el expediente.

El modus operandi descubierto es escalofriante: los beneficiarios eran obligados a asistir a marchas y movilizaciones políticas, so pena de perder sus beneficios. Además, se les imponían multas económicas por inasistencia y se les exigía el pago de porcentajes de sus ayudas sociales como "contribuciones" a las organizaciones.

Las actividades ilícitas se llevaban a cabo en el marco de programas sociales como el Potenciar Trabajo y el Programa Alimentar, dos de las principales herramientas del Ministerio de Desarrollo Social. Estas prácticas corruptas desviaban fondos públicos destinados a asistencia social para fines políticos y personales.

Hasta ahora, la investigación ha revelado detalles impactantes sobre la coerción y la extorsión ejercidas sobre los beneficiarios más vulnerables de la sociedad argentina. Sin embargo, el caso aún está en desarrollo, y se espera que se revelen más detalles a medida que avance el proceso judicial.

Este escándalo pone de manifiesto la urgente necesidad de una mayor transparencia y supervisión en la distribución de ayuda social en Argentina, así como de una rendición de cuentas más estricta por parte de las organizaciones y líderes políticos involucrados.

Fuente: infobae.com