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En diálogo con este multimedio, Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), habló sobre la aplicación de la Ley de Comunicación Audiovisual, vigente en Argentina, que contempla la sanción para los discursos de odio, luego de que se planteara la posibilidad de que el oficialismo presente una nueva legislación.
—¿Cómo se plantea el rol de los medios a partir del intento de asesinato de la vicepresidenta?
—Esto hay que ponerlo en el contexto que estamos viviendo, de una violencia verbal y hasta real que se vio reflejada en el atentado contra la vicepresidenta, lo cual fue un hecho brutal y nos tiene que hacer repensar el rol de los medios. Legalmente, el papel del arco mediático está ya marcado por la Ley de Comunicación Audiovisual, que además está respaldada por la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta última habla de la libertad de expresión y de que no puede haber censura previa, pero que sí hay responsabilidades que luego se penalizan.
Lo que vemos hoy, llamado “discurso de odio”, en nuestra legislación está catalogado como discursos de discriminación, contemplado en el artículo 70 de la Ley de Comunicación Audiovisual, que habla de la discriminación racial, religiosa, de orientación sexual y también política.
Deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, [O] la orientación sexual (…) (Articulo 70 – Ley 26.522 – Servicios de Comunicación Audiovisual (2009))
Con la legislación actual se controla que en los discursos de los medios no se viole sistemáticamente la ley. Por lo tanto, la “libertad de expresión” nunca puede ser frenada. No hay nada que pueda impedir que las personas digan lo que quieran decir en los medios, pero después hay que hacerse cargo de lo que se dice.
—¿Qué tipo de sanciones aplican ante estas situaciones?
—En primer lugar se da una advertencia o llamado de atención, y luego se aplica una sanción económica. Las sanciones judiciales no nos corresponden.
—¿Notó que el discurso de odio ha aumentado en los últimos años?
—Lo que se ha visto, que es un fenómeno mundial, es el aumento de la violencia en el lenguaje y de la violencia simbólica en los medios de comunicación, en donde el límite, que debe ser la Constitución, no se cumple. El intento de magnicidio tiene que hacer reflexionar a todos aquellos que se desenvuelven en los medios. Nadie les va a decir lo que tienen que decir, pero fíjense lo que está ocurriendo.
—¿Cómo afrontan el papel de las redes sociales en este entramado?
—En este momento estamos haciendo guías de contenidos, y esto se debe a que las redes no están bajo nuestra regulación. También ofrecemos cursos de capacitación a la población para que conozcan cómo funcionan las redes y cómo construyen los circuitos en donde se generan estos discursos.
—¿Es necesaria entonces una nueva ley en contra de los discursos de odio, tal como lo propusieron desde el oficialismo?
—No es necesaria. Lo contemplamos en el artículo 70 de la Ley de Medios, que habla sobre el discurso discriminatorio. El discurso discriminatorio, como lo llamamos en nuestra legislación, es incompatible con la libertad de expresión; entonces, la libertad de expresión antes es absoluta, después puede recibir sanciones. Nadie puede prohibir que se diga algo, pero sí puede sancionar eso que se dice, cuando hay una ley que previamente dice qué es sancionable.
—¿Qué opinión le generan las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta cuando habla de una “ley mordaza”?
—Habla de un desconocimiento del tema y de que hay un juego político electoral. Lo que pasó con Cristina Kirchner debe hacer reflexionar a todo el sistema político, tanto oficialista como opositor. Todos tenemos que intentar cambiar el modo en que decimos las cosas. Y creo que la oposición tiene que hacer exactamente lo mismo.
—¿Cómo afrontan su trabajo ya pensando en lo que será la campaña electoral para 2023?
—Por un lado, nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte en materia de redes de internet. Hemos aprobado proyectos por más de 15.000 millones de pesos en lo que va de la gestión para extender las redes de internet a barrios populares y a lugares de difícil acceso. Queremos seguir extendiendo este servicio, poder llegar a acuerdos con las empresas que brindan el servicio para que los precios no sean excesivos; es decir, queremos que la comunicación sea un derecho y no solo un negocio.
—¿Esto incluiría una regulación de la campaña en materia de redes sociales?
—Eso todavía no está contemplado. Es parte de la discusión que hay que dar con toda la sociedad. Es un objetivo poner en debate el rol de las redes, para bajar el nivel de violencia y que haya un acuerdo entre el Estado y los privados para elaborar en común un código de ética enmarcado en las leyes argentinas.
