La empresaria Gabriela Hojberg, dueña de la Armería Puerto Pirata, armó un proyecto de piscicultura que proveería de pescado fresco de las costas del río, para poder generar puestos laborales, pero que hace dos años reposa a la espera de respuestas.
A través de la Fundación “El Milagro”, Hojberg gestionó la compra de terrenos para comenzar a desplegar las alas de este programa y dio los primeros pasos para potenciarlo, pero hoy todo es una pesadilla ante la falta de pago de la promesa contraída por un convenio con el Gobierno de la provincia del Chaco.
El proyecto fue presentado hace dos años, con un impacto favorable en la mayor parte de los funcionarios y beneplácito del gobernador Jorge Capitanich. Al momento de ser presentado, quien recepcionó el mismo fue la licenciada Marta Soneira.
Durante la pandemia, los malloneros salieron a las aguas sin criterio ni regulación de pesca, afectando severamente la fauna íctica. Además de ser parte interesada en que eso no suceda en la costa, como experta en pesca, Hojberg solicitó que se ponga un freno desde la ex secretaría y actual ministerio de Soneira, para preservar las especies.
El proyecto pasó a dormir el sueño de los justos y, a través de redes sociales, de distintos funcionarios gubernamentales, consiguió audiencia con el gobernador y con el ministro de Industria, Producción y Empleo, Sebastián Lifton, quienes le aseguraron a Hojberg que el proyecto se aprobaría, cosa que si sucedió, pero lo que nunca se logró fue el pago correspondiente del financiamiento.
Tras solucionar la dilatación en la firma de Soneira, el tiempo siguió pasando y nunca se efectivizó el pago del convenio rubricado por el Gobierno provincial. ¿Qué es lo que impidió que llegue a su concreción? Desde la fundación “El Milagro” mostraron su preocupación, ya que ante el conocimiento de la situación, el gobernador habría dado la orden de que no se realice el pago a la Fundación.
Tras dos años de la presentación del proyecto, con una orden de pago pendiente en el ministerio de la Producción chaqueño, luego del reclamo correspondiente, el gobernador determinó dar de baja el proyecto y el convenio, provocando una afectación económica muy grande a la entidad, ya que se encontraba en proceso de inversión en distintos frentes y el convenio marchaba sobre rieles.