¿Cómo puede ser que el responsable de un triple homicidio esté a cargo del control de tránsito en Navarro? Esa es la pregunta que se hacen familiares y vecinos luego de que Gabriela Casco, mamá de Ramiro Pizzolato, denunciara públicamente que Javier Odera, único condenado por un siniestro vial ocurrido en 2014, estaría trabajando en la Secretaría de Seguridad municipal.

El hecho ocurrió el 22 de noviembre de 2014, cuando una camioneta que manejaba Odera chocó contra un camión. En ese vehículo viajaban tres jóvenes, empleados suyos, que murieron en el acto. Por aquel entonces, iban hacia un campo en Mercedes, donde vacunaban pollos. Entre las víctimas estaba Ramiro, de apenas 20 años.

Luego de ocho años de lucha judicial, Gabriela logró una condena: tres años de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación para conducir. La sentencia quedó firme recién este año. Sin embargo, ahora asegura que el municipio lo habría contratado como funcionario en el área encargada de Monitoreo, Seguridad Vial y Licencias de Conducir.

"Volvieron a matar a mi hijo", afirmó Gabriela, con el corazón en la mano. No solo se enteró del presunto nombramiento, sino que también asegura haber visto a Odera conduciendo un vehículo, en pleno período de inhabilitación. La denuncia fue presentada ante el Juzgado de Ejecución N°1 de Mercedes.

La polémica contratación habría ocurrido a principios de julio, para reemplazar al ex funcionario Ignacio Cioncci. Según la denuncia, Odera aún no completó su condena, y estaría incumpliendo la prohibición de manejar.

Gabriela recordó con dolor que el juicio fue posible gracias a los testimonios de los compañeros de su hijo. Relataron que viajaban en condiciones precarias, hacinados en una camioneta y sin medidas de seguridad. Incluso, trabajaban “en negro” y sin comida.

“No se está respetando la Justicia”, denunció Casco. A diez años del accidente, no sólo siente que su lucha fue ignorada, sino que ahora, el responsable de aquella tragedia tendría poder de decisión sobre el tránsito en Navarro.

En una carta enviada al municipio, al Concejo Deliberante y a la Justicia, Gabriela pidió respuestas. Asegura que hasta ahora no recibió ninguna.

La comunidad también empieza a preguntarse: ¿quién controla que se cumplan las sentencias? ¿Puede alguien con antecedentes por un siniestro vial controlar licencias y tránsito?

El caso reabre el debate sobre el rol de los municipios, la falta de control en las inhabilitaciones y la responsabilidad de las autoridades locales. Mientras tanto, Gabriela siente que la herida volvió a abrirse: “Hoy es volver a vivir ese dolor que me va a acompañar toda la vida”.