El Gobierno de Javier Milei dio un paso clave en uno de los ejes centrales de su campaña presidencial: transformar de raíz el sistema de los Registros de la Propiedad Automotor. A través de la disposición 58/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se puso en marcha el primer movimiento concreto para centralizar y digitalizar millones de legajos que aún permanecen en papel.

La decisión apunta a resolver uno de los principales obstáculos del sistema: cada registro conserva en sus archivos físicos los legajos de los vehículos tramitados en su jurisdicción, una lógica que impide avanzar hacia un modelo completamente remoto, abierto y estandarizado, tal como lo prometió el oficialismo.

Según datos oficiales, el parque automotor argentino supera los 15.000.000 de vehículos, cuyos antecedentes documentales siguen archivados en carpetas físicas distribuidas en todo el país.

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Qué establece la disposición 58/2026

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La norma fija que cada dependencia del Registro Automotor tendrá un plazo de 15 días desde la notificación oficial de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) para identificar, separar y enviar los legajos de dominio que no hayan tenido ningún movimiento en los últimos 15 años.

Se trata de vehículos —autos, motos o transporte pesado— cuyos titulares no realizaron trámites como:

• Reimpresión de chapas patente

• Solicitud de informes de dominio

• Emisión de cédulas de conductores autorizados

• Transferencias o bajas registrales

Ese universo pasará a integrar un archivo centralizado único, bajo la órbita directa de la DNRPA, como paso previo a su digitalización.

La estrategia oficial es clara: comenzar por los legajos sin actividad para evitar conflictos operativos y no afectar a los usuarios que realizan trámites cotidianos.

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Un sistema atravesado por tensiones históricas

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El avance del proceso no está exento de resistencias. El sistema registral automotor mantiene desde hace décadas una relación estructural con Acara (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), entidad que actúa como ente cooperador y que ha sido cuestionada por administrar recursos, recaudar fondos millonarios por la venta de formularios y distribuir material registral que formalmente depende del Ministerio de Justicia.

A esto se suma el pago de los denominados “sobresueldos de Acara”, una práctica que alcanzó a empleados de distintos organismos, incluida la propia cartera judicial.

En este contexto, el Gobierno ya avanzó con el cierre e intervención de más de 40 registros, resolvió el atraso en la producción de chapas patente y reestructuró el plantel de la DNRPA. La centralización de legajos aparece ahora como el “nudo” más complejo del sistema.

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RUNA: el otro frente de la reforma

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En paralelo, el Ejecutivo puso en funcionamiento el RUNA (Registro Único Nacional Automotor), pensado para que las altas de vehículos nuevos puedan realizarse de manera 100% digital y online, directamente en las concesionarias.

La lógica oficial es atacar el sistema por dos extremos:

• Digitalizar los legajos más antiguos, sin movimiento.

• Implementar un esquema digital para los trámites nuevos.

Sin embargo, desde dentro del sistema registral surgen críticas. Un titular de un Registro del Noroeste argentino advirtió a Infobae que el RUNA “no funciona bien” y que genera sobrecarga operativa en las dependencias tradicionales, que deben corregir errores de las concesionarias mientras ven reducida su actividad y personal.

Por ahora, el Gobierno avanza. El ritmo y la profundidad de la transformación dependerán de un factor clave: quién controla, custodia y digitaliza la documentación original de millones de vehículos en circulación.