En la década de los ´90, los operadores políticos bonaerenses dirimían sus disputas y extorsiones en oscuros sótanos del Conurbano, o mediante carpetazos anónimos entregados en mano en bares de dudosa reputación.

La sangre, el apriete y la plata en negro eran el rudimentario lenguaje del poder en las sombras. Hoy, la matriz de la extorsión se ha "glamourizado" de manera obscena.

Se financia con la fenomenal e inagotable recaudación del tránsito provincial, se camufla detrás de productoras de eventos VIP, y utiliza programas satélites de streaming para blanquear las operaciones en el barro mediático.

El apriete 2.0 ya no requiere necesariamente pasamontañas, sino trajes de etiqueta en galas televisivas y pautas publicitarias disfrazadas de periodismo independiente.

En el centro exacto de esta telaraña de impunidad moderna se erige la figura de Leandro Camani, el autodenominado "zar de las fotomultas" y rostro visible de la productora Red Cube.

Un personaje sumamente oscuro que se mueve con igual soltura por la alfombra roja de los premios Martín Fierro que por los fangosos tribunales de la Provincia de Buenos Aires, manejando un imperio donde las fronteras entre sus negocios y actividades ilícitas parecen haberse borrado por completo.

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El pacto con el "lilito" Yofe y el tarifario de la denuncia

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Hasta hace muy poco, Camani había jurado ante la Justicia no tener ningún tipo de vínculo con Matías Yofe, un operador político y dirigente de la Coalición Cívica que respondía a Elisa Carrió.

Sin embargo, las mentiras tienen patas cortas en los expedientes federales. Las recientes declaraciones testimoniales (del 5 de enero y 11 de febrero de 2026) del periodista y ex precandidato en Pilar, Claudio Gabriel Ponce de León, dinamitaron la coartada del empresario y expusieron una maquinaria delictiva dedicada a comprar testimonios, vender denuncias y usar el sistema judicial como una vulgar herramienta de apriete.

Ponce de León, titular del portal InfoPilar, relató con lujo de detalles cómo Yofe se apropió de una investigación suya sobre la concejal Claudia Pombo y el ministro bonaerense Jorge D’Onofrio para convertirla en un gran negocio extorsivo.

¿Quién era el músculo financiero detrás de este escuadrón de difamación? Leandro Camani. Según consta en sede judicial, el empresario proveía los millones necesarios para que Yofe saliera de cacería a "comprar" testigos.

El nivel de bajeza de las maniobras asusta. Yofe habría llegado a ofrecerle cinco millones de pesos a Claudia Ángel (ex colaboradora de Pombo) para que declarara en su contra, plata fresca que saldría del bolsillo de Camani.

El raid de aprietes habría incluído intentos de soborno a una mujer en Brasil ("María Magdalena"), a una peluquera del Hotel Sheraton llamada "Erlis", y amenazas directas de cárcel a jóvenes empleadas de una peluquería si no se prestaban a testificar falsedades.

Todo bajo el supuesto paraguas protector que, según alardeaba Yofe, le brindaban sus conexiones políticas: "Carrió me abre La Nación y Clarín, Camani el resto de los medios", habría dicho.

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Bolsos, efectivo y un programa radial fantasma

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El descaro de esta asociación ilícita habría alcanzado niveles grotescos con el financiamiento del programa radial que Yofe conducía los sábados al mediodía en Cadena Premium, un ciclo burlonamente titulado "HDP’S".

El espacio costaba 400 mil pesos mensuales. Yofe transferiría la mitad de los fondos desde la Coalición Cívica, mientras que el 50% restante lo aportaría Leandro Camani en dinero físico, en negro y en mano.

Fue el propio Ponce de León quien confesó que él mismo pasaba a buscar esos sobres repletos de billetes por las oficinas porteñas de Tránsito Seguro y de Red Cube, la mismísima empresa que organiza la gala de la televisión argentina.

El ridículo se corona al revisar las estadísticas: este programa financiado con la caja de las fotomultas y la política, apenas lograba entre 3 y 37 visualizaciones en YouTube. No era periodismo, era simplemente una plataforma de emisión de carpetazos sostenida artificialmente.

El negocio de las denuncias tenía tarifas claras. Asegura una fuente inobjetable que en una reunión de campaña en Villa Morra, a la que asistieron Yofe, Diego Escobar, el empresario Gustavo Ferreiro y el desarrollador inmobiliario Mateo Corvo Dolcet, el "lilito" no tuvo pudor en preguntar cuánto valía una denuncia firmada por él, dos candidatos y una diputada nacional (presuntamente Marcela Campagnoli).

Allí mismo confesó que Camani le había ofrecido una "pila de dólares importante" a solas, pero que él prefirió triangularla a través de una empresa para "limpiarla". Lavado de dinero y extorsión a la carta, a plena luz del día.

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La doble moral del "zar": alfombra roja, narcos y coimas

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Resulta fascinante y a la vez repulsivo analizar la trayectoria de Leandro Camani. Se presenta en sociedad como el gran renovador de la industria del entretenimiento, el hombre de negocios que se abraza con el sindicalista Luis Barrionuevo en el Hotel Sasso para cerrar acuerdos millonarios, y el cruzado por la "seguridad vial" a través de sus empresas vinculadas a la VTV.

Sin embargo, su hipocresía es ensordecedora. Hablamos del mismo sujeto que fue grabado manejando su auto importado a 160 kilómetros por hora en una zona de máxima 60, celular en mano. Las reglas, evidentemente, son para que las paguen los ciudadanos comunes, no para quienes las facturan.

El expediente de Ponce de León suma detalles escabrosos al prontuario del zar, recordando que Camani figura como el dueño de una camioneta que la justicia le secuestró a un peligroso narcotraficante. Su holding está construido sobre bases tóxicas que mezclan farándula, aprietes, negocios de Estado y relaciones inconfesables.

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Jueces en la mira: el apriete institucionalizado

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Cuando en julio de 2025 le levantaron el espacio a Yofe, el aparato de Camani entró en pánico e intentó sobornar al denunciante. Pedro Aribe, el segundo al mando de Camani, le ofreció a Ponce de León pauta publicitaria falsa de los premios Martín Fierro para subir PDFs con denuncias de Yofe.

Al ser rechazado, intentaron comprarle la radio entera o sumarlo a un canal de streaming. El modus operandi es claro: lo que no se puede extorsionar, se compra. Y lo que no se compra, se destruye.

El paroxismo de esta red de impunidad salpica a la propia Justicia. Según la denuncia, Camani le ofreció sobornos al Juez Masi para que "no joda con la causa".

Como el magistrado avanzó, Yofe cumplió con la amenaza mafiosa y le promovieron un jury de enjuiciamiento para destituirlo, confirmando que la red de influencias de estos operadores permea las instituciones democráticas más sensibles.

Hoy, Yofe se encuentra acorralado tras arrojar su teléfono celular al mar durante un allanamiento en su domicilio, en una patética escena digna de una película clase B, que terminó destruyendo pruebas clave sobre el armado de causas (incluyendo la escandalosa extorsión a dirigentes de la AFA).

Leandro Camani representa la evolución más perversa del sistema de corrupción en la Argentina. Un individuo capaz de organizar la entrega de premios más prestigiosa del país mientras sus lugartenientes negocian el precio de testigos falsos y el apriete a jueces.

La caída de los operadores satélites de la Coalición Cívica y el avance judicial sobre este entramado exigen, de manera impostergable, que la justicia deje de mirar para otro lado cuando se cruza con los dueños del circo.